Por fin concluyó ayer la tensión entre la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y el gobierno estatal. La causa fue un pasivo que hizo público el propio rector Adolfo Pontigo Loyola y el presidente del Patronato Universitario, Gerardo Sosa Castelán, durante una conferencia de prensa celebrada el 14 de agosto. Ahí nos enteramos que el gobierno estatal adeudaba a la UAEH 142.3 millones de pesos correspondientes al subsidio estatal ordinario y al subsidio estatal extraordinario. El problema, según las propias autoridades universitarias, es que ese dinero estaba etiquetado y la federación podría exigir que fuera devuelto con el argumento de que no se había ejercido. Esto orillaría a que la institución universitaria buscara la forma de conseguir recursos mediante el aumento a las colegiaturas o a través del cobro por el servicio de transporte universitario. Ambos escenarios eran indeseables y afortunadamente ayer mismo quedó saldada la deuda, de acuerdo con el gobernador Omar Fayad Meneses, quien declaró a medios de comunicación que el pasivo había sido liquidado en su totalidad. Afortunadamente con esta acción quedó cancelada la marcha que estaba prevista para el miércoles 23 de agosto y con ello las actividades universitarias seguirán su curso normal. La universidad, entonces, se enfocará en aquello que hace muy bien: investigar, formar profesionales y extender la cultura a la población. Este episodio, sin embargo, provoca algunas reflexiones: ¿Cuál fue la verdadera razón del atraso? La secretaria de Finanzas del gobierno estatal Jessica Blancas deslizó una posible respuesta: “No fue falta de voluntad ni de querer no hacerlo, desafortunadamente la Secretaría de Finanzas, el gobierno del estado estamos atravesando por una época difícil que ya se está compensando”. Suponemos que la actual administración aún está adaptándose a las condiciones financieras que heredó del anterior gobierno. Eso tendría que aclararlo, quizá en su próximo primer informe de gobierno, el propio mandatario estatal. De filón. Vaya salida la que ofreció la alcaldesa capitalina Yolanda Tellería para resolver el entuerto que significa la instalación de más parquímetros en calles de Pachuca. Pidió a los vecinos que se resisten a que haya dispositivos en sus calles que le ayuden a juntar 190 millones de pesos para poder así rescindir el contrato que firmó la pasada administración encabezada por Eleazar García Sánchez. Claro, ¿cómo no se nos ocurrió antes?

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