Salvadoreños se manifiestan contra privatización del agua

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Demandan a la Asamblea Legislativa rechazar un proyecto de ley

San Salvador.- Miles de personas se manifestaron ayer en la capital de El Salvador para demandar a la Asamblea Legislativa rechazar un proyecto de ley que, en su criterio, privatizará el agua, por lo que piden se declare su acceso como un derecho humano.

Los manifestantes salieron del frontispicio de la catedral de San Salvador con destino a la sede legislativa, en el norte de la ciudad, coreando la consigna “el agua es un derecho, no una mercancía” al ritmo de tambores.

“Venimos a presentarles más de 200 mil firmas en las que la población se ha expresado para que se reconozca el agua como un derecho humano”, dijo el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar al leer un pronunciamiento junto a pastores de otras iglesias y ambientalistas.

El proyecto contempla la creación de un ente regulador del agua, en el cual la derecha que controla el Legislativo quiere que participe el sector privado, pero los inconformes advierten que el Estado debe ser el único regulador.

“En la ley se tiene que garantizar la libre disponibilidad del agua para todas personas, ricos y pobres”, declaró a la AFP el ecologista Ricardo Navarro.

El proyecto de ley sustituye una iniciativa previamente en discusión, que había sido presentada por organizaciones ecologistas y universidades.

Al llegar frente a los portones del parlamento, el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez pidió a los diputados que “no dejen que nuestro pueblo se muera de sed o enferme con agua contaminada por un saneamiento inadecuado”.

La coordinadora de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua Margarita Posada declaró a la AFP que la marcha atrajo a 20 mil personas, lo cual significa que “el pueblo está alerta” y que “está en la disposición de luchar por su derecho al agua”.

  • La propuesta contempla la creación de un ente regulador, en el cual la derecha que controla el Legislativo quiere que participe el sector privado, pero los inconformes advierten que el Estado debe ser el único que lo regule

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