Pachuca.- Tras siete años detenido, el empresario de Motor Coach Samuel Castro, acusado del homicidio de un trabajador de la compañía, no ha sido sentenciado, su caso permanece en pausa desde que él mismo señaló irregularidades en el debido proceso.

Según el abogado Juan Carlos Gálvez, defensor del empresario, mencionó otra ilegalidad más ejecutada en el caso, que se suma a la lista que han recopilado, la cual incluye discrepancias en la hora de muerte, errores en las pruebas de pólvora, negligencia en las pruebas presentadas, así como la incompetencia de las autoridades.

El empresario fue acusado del asesinato de José Matilde Cotonieto, empleado de la exempresa Dina, armadora asentada en Ciudad Sahagún. Presuntamente fue asesinado durante una manifestación que exigía el pago de liquidación a los trabajadores por el cambio de patrones.

Explicó que el juez segundo de distrito del vigésimo noveno circuito Oscar Gregorio Herrera es quien ha sobreseído en tres ocasiones igual número de procedimientos presentados por el caso de Manuel Samuel Castro.

“Tribunales colegiados han determinado que en ninguno de los casos existía causal para el sobreseimiento, lo que demuestra la corrupción que ha rodeado el proceso, por lo que la judicatura federal debe avocarse a investigar a este juzgador, sumado a la consigna de negar justicia al empresario”, declaró.

Samuel Castro denunció en entrevista para este medio que ha sido blanco de varias acciones de corrupción e incompetencia, por lo que espera que los recursos legales surtan efecto para turnar su caso al juzgado de Apan, en donde podrían invalidarlo, ya que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.

En Pachuca, el juez local se declaró incompetente para continuar con la investigación; además, han desestimado las pruebas en su contra debido a las presentadas por los abogados defensores. Espera que ya sea resuelto ese conflicto, ya que no existe sentencia condenatoria en su contra. Así como que sean atendidas las recomendaciones de Derechos Humanos hechas a su favor.

El Senado aún revisa la posibilidad de llamar al gobierno de Hidalgo a declarar por ese caso.

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