JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ
Pachuca

Los servidores públicos municipales que incumplan con la creación y actualización del atlas de riesgos en sus respectivas demarcaciones serán acreedores a un procedimiento administrativo de responsabilidad, de acuerdo con la serie de reformas aprobadas por parte del Congreso estatal.
A propuesta del diputado local por el distrito 17 con cabecera en Jacala, Javier Amador de la Fuente, fue reformado el inciso h fracción uno del artículo 60 y se adicionó una fracción veinte al artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal, además adicionaron los artículos 364, 365, 366, 367, 368 y 369 al código penal, ambos para la entidad.
El legislador de representación proporcional Juan Carlos Robles Acosta dio lectura al dictamen que fue aprobado por unanimidad y dijo que la reforma está enfocada en establecer que el servidor público responsable de ejecutar el atlas de riesgo será el titular de Obras Públicas municipal en coordinación con el área de Protección Civil.
La reforma al inciso del artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal establece que las autoridades involucradas contarán hasta con 180 días para presupuestar, gestionar lo conducente y ordenar la elaboración del atlas de riesgos correspondiente o en su caso actualizarlo a su gestión.
En cuanto al código penal, se contempla sancionar al servidor público que autorice o expida licencias, permisos, constancias o dictámenes de uso de suelo, viabilidad, construcción, fraccionamiento, urbanización, conjuntos urbanos o acciones urbanas sin observar o contraviniendo el atlas de riesgos.
En ese caso se le impondrá de tres a seis años de prisión y multa de 700 a mil 400 unidades de medida y actualización (UMA) vigentes, y será inhabilitado para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión hasta por nueve años, de acuerdo con la adición aprobada en el título 22 Delitos cometidos en materia de protección civil.
Asimismo, serán sancionados los desarrolladores inmobiliarios que, en las circunstancias anteriores, obtengan alguno de los documentos señalados y ejecute cualquier acción material encaminada a cumplir su objeto, se le impondrá de siete a 14 años de prisión y multa de mil a 5 mil UMA vigentes, así como inhabilitación para siguientes proyectos.
En pro del dictamen participó el representante por el distrito con cabecera en Huejutla Omar Daladier Zerón Flores, así como el autor de las reformas aprobadas, quienes coincidieron que con esas acciones se castigará a funcionarios y desarrolladores que actúen en perjuicio de la población hidalguense.
Amador de la Fuente enfatizó que las reformas aprobadas durante la sesión ordinaria permitirán combatir la corrupción durante el otorgamiento de permisos a desarrolladores inmobiliarios, la cual laceraba el patrimonio de las familias hidalguenses y, en el peor de los escenarios, la integridad de la población.

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