El 2017 fue clave para los derechos de las audiencias, porque transitamos de una Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que reconocía y garantizaba los lineamientos mínimos básicos del público de medios, a una reforma, o contrarreforma, a modo y conveniencia de los propietarios de medios.

Mucha tinta corrió para abatir la figura mediadora de la defensoría de audiencias, puente y medio para que el público de medios tuviera voz y voto en contenidos. Uno de los principales puntos que se atacó fue la libertad de expresión, que en su argumentación se constreñía por el solo hecho de garantizar la diferenciación entre la opinión y la información, así como de la publicidad.

El resultado fue avasallador para los derechos incipientes logrados porque se dejó al libre arbitrio de los medios la autorregulación, desdibujando el papel regulador del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Ante estos embates contra la posibilidad de fortalecer y crear audiencias críticas, la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias (AMDA) interpuso un amparo contra estas reformas que trastocan los derechos del público de medios. Su principal alegato es que la contrarreforma del 31 de octubre, “reduce significativamente los derechos de los públicos de radio y televisión, que de manera arbitraria se suspende el precepto regulador del IFT, y que la radiodifusión como servicio público debe ser regulada por el Estado, no por los mismos concesionarios.”

Respecto de las defensorías, “se argumenta que al quedar sin efecto los Lineamientos sobre defensa de las audiencias expedidos por el IFT, los defensores de las audiencias perdieron un régimen jurídico de protección amplia que incluía:

a) El derecho a ser proveídos con los medios necesarios para el desarrollo eficiente de la labor

b) El derecho a desarrollar la función con independencia e imparcialidad

c) El derecho a iniciar procedimientos de oficio

d) El derecho y deber de emitir una acción correctiva en su modalidad de rectificación, recomendación o propuesta.”

El tema tiene aristas de inconstitucionalidad en opinión certera y especializada de los miembros de la AMDA: “La presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, Adriana Solórzano, afirmó que es inconstitucional el principio de autorregulación porque la radiodifusión en su calidad de servicio público de interés general debe ser regulado y garantizado por el Estado, y no por un particular. El abogado al frente de esta acción legal, César Enrique Olmedo Piña, socio del despacho Ignacio Burgoa Orihuela, señaló que el principio de autorregulación a favor de los concesionarios elimina derechos sustantivos y procesales. Gabriel Sosa Plata, defensor de Canal 44 y de Radio UdeG de la Universidad de Guadalajara y miembro fundador de la AMDA, dijo que los códigos de ética que emiten los concesionarios forman parte de los mecanismos de autorregulación, lo cual está muy bien en el ámbito ético, pero si se vulneran derechos de las audiencias, previstos en la Constitución y en la ley, pueden llegar a ser insuficientes si no existe el compromiso o voluntad de repararlos. Por eso es necesaria la actuación del IFT, cuyas facultades en esta materia fueron eliminadas en la reforma.”

Dicho amparo fue promovido por la AMDA en el juzgado primero especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones (1515/2017) y, sin duda, representa un precedente importante e histórico en materia de derechos de los públicos de medios.

El reto es difundir y sensibilizar sobre la importancia de este tema a nivel nacional. Las resoluciones demostrarán la política de medios que prevalecerá en este tenor, pero la defensa de este frente habla del nivel de conciencia social sobre esta sociedad mediática y de medios, pero sobre todo del conocimiento, de la que tanto se habla pero que en la realidad refleja pasos retrógrados dada la importancia de lo que se juega: voluntades, acciones y conciencia, las tres fundamentales para ejercer el poder.

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Josefina Hernández Téllez
Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM y especialista en estudios de la mujer por El Colegio de México. Periodista colaboradora en medios desde 1987. Defensora de lectores y articulista del diario Libre por Convicción Independiente de Hidalgo. Integrante del consejo editorial de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC. Docente universitaria desde 1995 en la UNAM. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2008. Integrante y cocoordinadora del grupo de investigación Género y Comunicación en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Línea de investigación y publicaciones sobre periodismo, comunicación y género.