Con total impunidad, ayer pobladores de Ixmiquilpan retuvieron y se llevaron por la fuerza a dos altos funcionarios del centro Hidalgo de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) en demanda de incumplimiento de obras públicas. Los hicieron caminar por horas, bajo los rayos del Sol y pese a que el director del centro Hidalgo Ignacio Meza Echeavarría sufre de hipertensión y diabetes. Por si fuera poco, durante el trayecto los manifestantes, quienes fueron encabezados por Vicente Charrez, hermano del actual alcalde de Ixmiquilpan Pascual Charrez, agredieron a reporteros que cubrían la marcha en la que también retuvieron a Deyanira Rosales, encargada de carreteras alimentadoras de la misma dependencia federal. Todo ello, con la complacencia de las autoridades estatales, cuyas fuerzas del orden actuaron tres horas después de que ambos funcionarios fueron sacados a empujones para después exhibirlos durante la principal vía de comunicación de la capital del estado. Tres horas en las que los manifestantes hicieron lo que quisieron, con los riesgos que implicaba para la salud de ambos funcionarios, quienes tuvieron que ser atendidos por una ambulancia tras sufrir una fuerte deshidratación. Las autoridades, sobra decirlo, deben respetar el derecho a la manifestación pública, pero de eso a lo que vimos ayer hay mucha diferencia. Quizá si el ataque de este grupo de choque –así actuaron, no como manifestantes– hubiera sido dirigido a algún funcionario del gobierno estatal las cosas hubieran sido distintas. ¿Recuerda el lector lo que apenas ocurrió hace un par de semanas con una manifestación ante la Secretaría de Bienestar? Ahí también las autoridades brillaron por su ausencia. ¿Qué raro, no? De filón. Parece que la diputada morenista Susana Ángeles Quezada no entiende el mandato del Poder Judicial respecto a que debe reponerse la elección de los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo. Por lo pronto, ayer le fue enviado un oficio para explicarle los alcances de no acatar el mandamiento.

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