Pachuca

De las 24 recomendaciones por tortura emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) en los últimos 14 años, en ninguna hubo reparación del daño a las víctimas o sus familias por parte de la Secretaría de Seguridad, Procuraduría General de Justicia estatal y la alcaldía de Tulancingo.
Pese a que inició trabajos en 1992, la comisión solamente tiene registro de recomendaciones por tortura desde 2003 a la fecha, toda vez que a partir de ese año inició su sistema estadístico.
De las 24 recomendaciones, seis fueron aceptadas, 18 parcialmente y de ellas cuatro continúan en proceso, detalló el organismo a través de una solicitud de información hecha por este diario.

Al desglosar, 14 fueron dirigidas a la Secretaría de Seguridad y 10 a la procuraduría. Sin embargo, “hasta el momento, en ninguna de las recomendaciones se ha efectuado la reparación del daño a las familias o víctimas de tortura”, respondió la comisión.

Dos recomendaciones por tortura dirigidas a la alcaldía de Tulancingo y a la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo fueron aceptadas parcialmente. La dependencia estatal informó que en una no hubo servidor público suspendido y en otra causó baja.
La Ley para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Tortura y el Uso Excesivo de la Fuerza en Hidalgo señala que la reparación del daño será determinada conforme al código penal y el código civil.

Y será el estado y los municipios obligados subsidiariamente por el menoscabo a la integridad física, mental, moral ocasionado por el servidor público bajo su mando. El código penal advierte que las penas se duplicarán y se “impondrá además la destitución del cargo o comisión e inhabilitación de dos a 10 años para ocupar otro, cuando cualquiera de las conductas sean cometidas por servidores o exservidores de Seguridad Pública y procuración de justicia”.

En las 14 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública no hubo ninguna persona suspendida o amonestada, mientras que la procuraduría aún no respondía la solicitud de información.

Un caso: “le darían la recia”

La recomendación por tortura R-VGJ-0010-13 fue aceptada parcialmente por el entonces secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Alfredo Ahedo Mayorga, sin embargo, la CDHEH no solicitó la reparación del daño.
El expediente relata la tortura que sufrió Martín Hernández Acuña en las instalaciones de la coordinación de investigación y que le provocó fractura en hombro derecho. “Después de una hora de estar ahí lo pasaron a un cuarto y le preguntaron por qué estaba detenido y les dijo que no sabía. Le ordenaron que mejor hablara porque si no le darían la recia.”
Luego que Hernández Acuña respondió que no diría nada, “le enredaron una venda alrededor de su cabeza y lo sacaron a un cuarto donde estaba mojado el piso. Lo sentaron en una cobija mojada, amarradas las manos, con una venda hacia atrás. Luego lo acostaron con manos pegadas al piso. Lo vendaron de pies hasta las rodillas y con la cobija lo envolvieron.”
Sintió “que tres personas se sentaron sobre él, le pusieron un trapo en la boca y le echaron agua varias veces por nariz y boca. Le decían nombres de personas que no conocía. Cuando ya no aguantaba lo dejaban escupir”.
Mencionó “que se le subieron ya no a sus piernas sino a su pecho y le tronaron la clavícula y declaró puras tonterías aceptando lo que ellos le decían”, asegura el documento de la comisión disponible en su página de Internet.
“Identificó a E V V B como la persona que lo vendó en las instalaciones del Centro de Operaciones Estratégicas y que además le amarró los pies. También a A S V como la persona que lo torturó junto con otras dos.”

tabla

Decreto

  • La Ley
    para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Tortura y el Uso Excesivo de la Fuerza en Hidalgo señala que la reparación del daño será determinada conforme al código penal y el código civil. Y será el estado y los municipios obligados subsidiariamente por el menoscabo a la integridad física, mental, moral ocasionado por el servidor público bajo su mando

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