La semana pasada en este espacio se destacó la relación que existe en materia de seguridad entre Hidalgo, Estado de México y Veracruz, afirmando que lo que sucede en una entidad repercute en las otras. Asimismo, se reiteró la necesidad de redoblar esfuerzos de coordinación entre autoridades hidalguenses y mexiquenses para reducir el impacto de la delincuencia que opera en ambas regiones y que en últimas fechas ha incrementado considerablemente.
En el transcurso de esta semana ocurrió un ejemplo que exhibe la necesidad de profesionalizar la actuación de las corporaciones de seguridad en todos los niveles. El evento de incapacidad, irresponsabilidad o, tal vez, corrupción, tuvo lugar en Jaltenco, uno de los municipios del Estado de México colindantes con Zumpango, a solo 20 kilómetros de Tizayuca, Hidalgo, donde según medios abiertos hubo un robo de 27 armas.
El viernes 30 de junio de 2017, el municipio de Jaltenco fue sede de la tercera Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad, donde se acordó la entrega de armamento recientemente adquirido para dotar a los policías del municipio anfitrión. Sin embargo, parece ser que las autoridades municipales decidieron resguardar 27 armas, largas y cortas en la oficina del presidente municipal, omitiendo remitirlas a la armería correspondiente en las instalaciones de la dirección de Seguridad Pública. Tres días después notaron que las armas habían sido robadas.
Este dato sobre el robo de armas no es asunto menor, porque exhibe la falta de profesionalización de las corporaciones de seguridad para seguir protocolos en el resguardo y salvaguarda de armas. Al mismo tiempo, se reitera que nuestras instituciones en muchos casos funcionan a merced del delito y la corrupción, ya que existe una connivencia entre funcionarios y delincuentes que permiten que sucedan estas cosas en una entidad con altos índices de muertes por arma de fuego.
Muchos municipios en nuestro país funcionan con instituciones capturadas por el delito y la corrupción, que deriva un desgarramiento del tejido social y que ahonda en la desconfianza hacia las autoridades. Lo que ocurrió en Jaltenco debe motivar a nuestros legisladores federales para establecer las acciones pertinentes para la creación de un modelo policial y una Ley de Seguridad Interior que coadyuve en la profesionalización de las corporaciones de seguridad y establezca acciones paralelas para sancionar a los agentes que capturan nuestras instituciones.
La prioridad que los representantes populares asignen a estos temas en próximas fechas definirá los alcances y ámbitos de actuación de nuestras instituciones para combatir a la delincuencia. Toda decisión de un funcionario público en el ámbito de la seguridad en los tres órdenes de gobierno repercute directamente en la población, por lo que “las decisiones públicas” deben estar sustentadas en protocolos de actuación bien definidos, desde el resguardo de armamento en cualquier municipio hasta el perfil de quienes dirigen la estrategia de seguridad. Lo municipal y lo federal siempre deben operar en forma coordinada en materia de seguridad; la autonomía municipal debe respetarse en todo momento, pero esta ha sido mal entendida por muchos munícipes que se escudan en ella para no someter sus decisiones al escrutinio público.
Por ello, el resultado de dichas discusiones definirá los mecanismos de cooperación entre autoridades, la responsabilidad que adquieren los servidores públicos encargados de la seguridad y los ámbitos de competencia para adquirir armamento y/o establecer acciones de profesionalización de las corporaciones.
El triste panorama de seguridad que vive nuestro país no cambiará sin la participación de la sociedad civil organizada. En consecuencia, la ciudadanía debe involucrarse más en el espacio público, informándose adecuadamente, presionando a sus representantes, participando en la vida pública, desde las reuniones vecinales, hasta los comicios electorales.
La trinchera ciudadana empieza desde lo que permitimos que suceda en nuestras colonias, hasta lo que consentimos con apatía a nivel estatal o federal. Requerimos un cambio. Pero, ese cambio nunca será una concesión del poder político, por lo que los pesos y contrapesos que la ciudadanía ejerza definirán el tipo de instituciones que tendremos en el largo plazo.

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Raen Sánchez Torres
Asesor legislativo

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