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Seguridad pública y ciudadanía

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Desde los orígenes de la formación de los Estados-Nación la seguridad –mantener el orden interno– ocupa un lugar de enorme relevancia. Dentro de las funciones y actividades de los gobiernos una de las principales es garantizar condiciones de seguridad y acceso a la justicia a todos sus ciudadanos; además de la responsabilidad de velar por el bienestar y prosperidad social y, proveer seguridad, es lo que permite ofrecer garantías básicas para promover esos fines. La tarea de provisión de seguridad demanda contar con insumos básicos, por ejemplo, personal con formación específica y especializada, organizaciones e infraestructura, así como su equipamiento, protocolos de actuación; medios sin los cuales es sumamente complicado cumplir con los compromisos y obligaciones institucionales en esa materia. Más aún cuando en los últimos tiempos, para ser más precisos, en las tres últimas décadas se ha producido una serie de transformaciones institucionales y estructurales que han afectado la estabilidad social y condicionan la seguridad y la justicia.

Esa situación, cabe aclarar, no es privativa de un Estado, lo que implica no evadir la atención que demanda esa situación, por el contrario, es ineludible actuar para constituir condiciones de certidumbre para el conjunto social y un medio básico para el ejercicio de gobierno es contar con figuras institucionales y estructuras con capacidad para generar estrategias y gestionar todos y cada uno de los ámbitos que la seguridad requiere.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2013 recoge información en relación al tipo de delito del fuero común y de los municipios con mayor incidencia en esa tipología.

Conforme a esta base de datos, el gobierno de Guerrero ocupa el mayor porcentaje de los delitos de alto impacto, de los cuales 72 por ciento son homicidios dolosos –Acapulco es el municipio que reporta 379 incidencias–, 83 por ciento en secuestros –Chilpancingo reportó el mayor número de casos con 25– y extorsión con 84 por ciento –Acapulco reportó 35 incidencias–.

Los datos sobre esa cuestión muestran, con el ejemplo seleccionado, un notable déficit en la capacidad de actuación de las instituciones encargadas de atender las actividades de provisión de seguridad. No se desconoce la fragmentación de esas instituciones y, por tanto, de carencia profunda de mecanismos de coordinación, lo que en conjunto conduce a la necesidad de producir conocimientos específicos sobre sus formas de actuación.

Entonces, no debemos perder de vista que vivimos una época donde, si bien, han aumentado y mejorado los medios para hacer más cómoda nuestra existencia, nos encontramos ante la paradójica pérdida de las condiciones para lograr acceder a tales medios de millones de personas y la imposibilidad de otro gran contingente que nunca logró subir al carro de la modernización económica, aunado a esto se encuentra el aumento de los índices de inseguridad.

En México, la problemática de la inseguridad ha mantenido tendencias de reconfiguración institucional con movimientos pendulares, debido a la creación de la Secretaría de Seguridad Pública federal que adquirió enorme relevancia en la definición de estrategias de acción en el ámbito, lo que desarticuló a la Secretaría de Gobernación, que tradicionalmente era la encargada de esas tareas en México. Sin embargo, en el ciclo sexenal anterior –el licenciado Felipe Calderón Hinojosa– se ha reconfigurado el aparato institucional de seguridad pública y la primera institución referida se ha integrado a la segunda. Debemos destacar en ese contexto destaca la creación del Sistema Nacional de Seguridad, integrado por el conjunto de gobernadores del país, además de los secretarios de las ramas del Ejecutivo federal y del aparato de impartición de justicia. Del sistema se crea sus instancias operativas, en 2009 el Secretariado Ejecutivo promulgó los marcos regulatorios de dimensiones considerables y de gran relevancia para la ejecución de tareas en esa materia.

De esa forma, nos encontramos ante una realidad contrastante en extremo que, sin embargo, requiere ser comprendida de manera multidimensional. En ese sentido, la responsabilidad del gobierno es enorme, pues en la medida que cuente con medios adecuados será mayor la confianza en ellos; así los responsables de la toma de decisiones podrán promover las medidas pertinentes para actuar al respecto; más aún contaran con instrumentos para mejorar la rendición de cuentas y transparentar de su quehacer.

Israel Cruz Badillo

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