Una de las razones, falsa por cierto, para justificar el famoso gasolinazo y que el gobierno federal está promocionando a través de los distintos medios de comunicación, es que si no se daba el incremento a las gasolinas el gobierno no tendría recursos para seguir costeando algunos programas sociales como Prospera, 65 y Más, entre otros, que en algo vienen a contribuir a aliviar un poco la situación tan grave de muchos hogares mexicanos. Que para seguir sosteniendo dichos programas se vea obligado a retirarle, dicen, 200 mil millones de pesos que tenía como subsidio el precio de la gasolina y que fue eso lo que generó el aumento. Es decir, se supondría que al aplicar el aumento en los combustibles, los recursos de los programas federales de combate a la pobreza quedaron igual, pero a pesar de que esto se dijo, en la mayoría de las instancias gubernamentales se señala que hay recorte en varios programas sociales; entonces, por fin, ¿no por eso se aumentó tan drásticamente el precio de los combustibles?
Y algo similar está pasando en Hidalgo. Mucho se habla de la crisis por la que atraviesa el país, que ahora el gobierno del estado no podrá atender “muchos” asuntos que administraciones anteriores resolvieron, que en la actual administración, como dicen todos los gobernantes, sí tiene “voluntad”, lo que falta son “recursos” para resolver, etcétera. Pero lo cierto es que la actual administración recibió un presupuesto mayor en este 2017 que lo percibido por la anterior en cualquiera de los años de gobierno del periodo de Olvera Ruiz. Según declaraciones del propio gobernador actual Omar Fayad Meneses, un presupuesto cercano a los 40 mil millones de pesos será ejercido por el gobierno de Hidalgo este año, lo que representa, dijo, “un incremento significativo en comparación con el presente ejercicio fiscal y un saldo positivo para los hidalguenses”; informó que el presupuesto total será de 39 mil 851 millones, “cifra record en la historia de la entidad”; además, señaló que “a pesar del recorte que se anunció al Presupuesto de Egresos federal, Hidalgo no se vio afectado y, por el contrario, logró un incremento, siendo una de las pocas entidades federativas que lograron no solo conservar la cifra del 2016, sino una partida significativa”.
Todo esto viene a cuento porque ya tenemos prácticamente seis meses en funciones del actual gobierno y ni una sola obra de las solicitadas por antorchistas al actual gobierno estatal ha iniciado, ni tampoco han continuado las que quedaron inconclusas en la administración anterior; existe un rezago muy importante de demandas no atendidas por el gobierno estatal. Han sido muchas reuniones con funcionarios estatales, fundamentalmente con el señor secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar; al principio, el argumento era que la administración iba iniciando, que era necesario tener más tiempo para tomar las riendas de todos los asuntos; después, que los recursos no habían llegado, y ahora dicen que no tienen recursos para atender las peticiones de obras y servicios de miles de hidalguenses que desde hace mucho tiempo reclaman atención y justicia social. En declaraciones de la actual secretaria de Finanzas al diario Libre por convicción, Independiente de Hidalgo, reconoce que todos los recursos asignados por la federación al gobierno del estado, correspondientes al presente periodo, han sido ingresados sin ningún problema, “que los recursos llegaron en tiempo y forma”. Además, la semana pasada se dio a conocer que Hidalgo logró 288 millones de pesos más para programas de seguridad.
Así que, como queda demostrado, el problema no es la falta recursos para continuar con las obras y resolver las demandas de antorchistas planteadas en el pliego petitorio, entregado en tiempo y forma a la actual administración. Podemos aventurar algunas hipótesis de por qué se niegan las soluciones a demandas de miles de hidalguenses: quizás porque para muchos funcionarios, como generalmente ha sucedido por décadas, los pobres no son prioridad, al final, como piensan muchos que comen y visten bien, los campesinos y colonos pobres “ya están acostumbrados” a vivir en condiciones de miseria y hay que dar prioridad a otros “importantes” proyectos industriales; o bien, porque consideran que no deben resolver a Antorcha, porque eso significa alentar a una organización “rijosa”, o bien, mínimamente a una organización que viene ganando la carrera a sus organizaciones; o acaso consideren que resolver a los antorchista es fortalecer a una organización que el día de mañana les compita el poder político de los municipios o posiblemente hasta del país, porque saben que Antorcha, aunque ellos no lo digan o reconozcan abiertamente, es una gran organización que tiene teoría, programa y dirección, así como objetivos muy claros en favor del pueblo de México.
Sean las razones que sean, las que los señores consideren en su fuero interno o en su grupo cerrado de funcionarios o de poderosos, todas son ilegales, todas ilegítimas. El gobierno está obligado, por ley, a atender a todos los ciudadanos y está obligado, también por ley, a dar vivienda, salud y educación, a dotar de agua potable, entre otras cosas, a sus gobernados. Así que los antorchistas hidalguenses, nuevamente, acudiremos al despacho del señor gobernador Fayad Meneses para reiterarle nuestra petición de atención y solución a nuestras demandas. Las urgentes necesidades de los pobres de Hidalgo no pueden seguir esperando.

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