Antes de que terminara enero, el Senado de la República y el presidente Enrique Peña Nieto interpusieron sendas controversias contra los nuevos Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias (publicadas en el Diario Oficial de la Federación apenas hace menos de dos meses), ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Senado arguye que el Instituto Federal de Telecomunicaciones “pretende ejercer censura previa” y rebasa sus atribuciones.
Enrique Peña Nieto presentó una controversia constitucional contra ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y los Lineamientos de las Audiencias, por contener “vicio de origen, que se basan en leyes que se consideran inconstitucionales, [pues] al pretender imponer el ‘concepto de veracidad’ se afecta la libertad de expresión y se opone a los tratados internacionales que establecen que ese concepto es censura.”
Sin duda, ambos argumentos sorprenden y se contradicen con la realidad. En principio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones responde a su principio de autonomía, pero también a la propia reforma en materia de telecomunicaciones que el actual gobierno promovió.
¿Quién diría que dos instancias máximas del país en lugar de representar y defender los derechos de la ciudadanía, del público, se abocan a cuestionar lineamientos para favorecer a los empresarios de la comunicación? ¿De verdad lo necesitan los monopolios mediáticos del país?
Sin duda, esto responde y sugiere que el gobierno y los legisladores en turno están aliados y comprometidos con el poder de los medios, con el quinto poder que hoy es la consorte del primer poder. El periodista de investigación Jenaro Villamil ya ha bautizado el estado actual de la vida política en varias de sus obras: la telecracia, la teletiranía, por decir lo menos.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) emitió su posicionamiento respecto al tema, señalando atinadamente las contradicciones de quienes hoy impugnan estos lineamientos:
1. El IFT es la autoridad autónoma facultada para regular los derechos de las audiencias y emitir los lineamientos correspondientes. Dejar la reglamentación de los derechos de las audiencias en manos del Ejecutivo federal implicaría someterlos a intereses políticos y de los concesionarios, como está ocurriendo.
2. Resultan extrañas las controversias constitucionales presentadas por el Senado y la presidencia de la República. El Senado deliberó y aprobó en su momento la reforma constitucional y la legislación secundaria que ordena al IFT emitir los lineamientos. Además, este ordenamiento fue sometido a consulta pública y finalmente fue aprobado por el pleno del IFT. A unos cuantos días de que entren en vigor los lineamientos, tardíamente los demandantes los consideran inconstitucionales. Pareciera que los legisladores no saben lo que discuten y aprueban. Por parte de la presidencia, fue el propio Ejecutivo quien propuso dos de los derechos de las audiencias que más han sido atacados por los medios. Pareciera que el Ejecutivo federal tampoco sabe lo que propone al Congreso de la Unión. Debería sentirse satisfecho porque avalaron lo que desde un principio contenía la iniciativa de ley.
3. Tanto los legisladores como el Ejecutivo combaten la validez de la reforma en materia de telecomunicaciones, la cual ha dado resultados tangibles como baja en las tarifas de servicios de telecomunicaciones, ha traído nuevos competidores al mercado y reconoce los derechos de los usuarios y de las audiencias.
4. Los que ahora acuden a la SCJN ponen en entredicho la autonomía del IFT, un organismo que ha sido reconocido internacionalmente. Incluso se le ha solicitado al IFT que suspenda o abrogue los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, cuando su obligación es cumplir con la ley. Es cierto que pudo reglamentar de forma distinta la diferencia entre noticias y opinión, pero ese derecho quedó previsto en la LFTR. Al IFT se le otorgó autonomía constitucional para que sus resoluciones no estuvieran subordinadas a los intereses privados de los concesionarios o a los intereses políticos del gobierno en turno. Son estos mismos intereses económicos y políticos los que movieron al Senado y a la presidencia de la República a actuar en contra de la autonomía del IFT y a demandar la controversia constitucional.
5. El IFT goza de la confianza social y el apoyo para que una vez que entren en vigor los lineamientos, vigile su cumplimiento y garantice los derechos de las audiencias. Desde 2014 los medios debieron nombrar a sus respectivos defensores de las audiencias.
6. Ahora la deliberación jurídica está en manos de la SCJN. En otras ocasiones el máximo órgano judicial del país ha salvaguardado los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho de acceso a la información, así como ha refrendado la autonomía del IFT.
7. Este convencimiento de que la SCJN sabrá garantizar una vez más los derechos fundamentales de los mexicanos hace innecesario suspender la entrada en vigor de los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, pues su plena constitucionalidad será refrendada y confirmada. Los medios electrónicos deben cumplirlos y el IFT vigilar que se acaten.
Lic Jorge Fernando Negrete P
Presidente del consejo directivo de la Amedi
Dr Raúl Trejo Delarbre
Presidente del consejo consultivo
Consejo consultivo de la Amedi

No votes yet.
Please wait...

Comentarios

SHARE
Artículo anteriorCine auditorio
Artículo siguienteEn dos días, dos robos con taxis implicados
Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM y especialista en estudios de la mujer por El Colegio de México. Periodista colaboradora en medios desde 1987. Defensora de lectores y articulista del diario Libre por Convicción Independiente de Hidalgo. Integrante del consejo editorial de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC. Docente universitaria desde 1995 en la UNAM. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2008. Integrante y cocoordinadora del grupo de investigación Género y Comunicación en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Línea de investigación y publicaciones sobre periodismo, comunicación y género.