El 21 de diciembre de 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó los Lineamientos generales sobre las defensorías de las audiencias. Sin duda, es un logro importante de reconocimiento al derecho del público de contar con un canal de expresión, de diálogo y de justo reclamo en caso de ser necesario. Básicamente ese documento legal define el mecanismo bajo el cual los concesionarios garantizarán el trabajo y funciones de los defensores, así como los principios generales que pautan la designación de esta figura, su alcance, el tiempo de su mandato y su actuación.
Los derechos de las audiencias infantiles quedan contemplados, pero con tono de buena voluntad más que con detalle y sanción en caso de infringir con contenidos, planteamientos o enfoque inadecuados a toda la “sensibilidad” que merece el tema. Falta mucho por precisar.
El aspecto que se deja fuera en esos lineamientos, pese al reiterado y arduo trabajo emprendido por las mujeres hace más de 25 años, es el de los derechos de las audiencias femeninas. Nada se dice pese a la reiterada violación de la dignidad de la mitad de la población al cosificarla, estereotiparla y promover la violencia en todos los géneros emitidos por los medios y por la publicidad, por supuesto.
En la cuarta Conferencia Mundial de Mujeres, realizada en Beijing, se elaboró un documento conocido como la Declaración y Plataforma de Beijing, que en el punto J “La mujer y los medios de difusión” emitió recomendaciones varias y trascendentes, pero una de las más destacadas fue el trato y tratamiento de las mujeres en los medios. Pasadas más de dos décadas poco se ha avanzado en el respeto mínimo y humano de ese sector. De hecho estos lineamientos los ignoran.
Entre otros puntos a considerar, revisar y reformular, algunos defensores, pertenecientes a la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias (AMDA), señalan que, por ejemplo, en el tema del trabajo independiente y autónomo de las defensorías se acota la relación parental como una limitante, pero no se menciona o señala este mismo criterio para los funcionarios a cargo de los medios de uso público. Incluir a unos y otros en esta acotación favorecería el uso indebido de los medios con fines proselitistas, políticos o económicos. Sobre todo si apelamos a la realidad de la vida política y social nacional de los últimos 15 años por lo menos.
En lo que se refiere a la separación de los defensores de su encargo, en el análisis de las defensorías vigentes algunos de los titulares consideran que no se señalan ni precisan causales y procedimientos. Tema de relevancia si consideramos el caso reciente del ombudsman de MVS Gabriel Sosa Plata, quien fue separado circunstancialmente por el fin de su periodo, pero que fue “incómodo” a los concesionarios y lo demostraron al cancelar este espacio y regirse por lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (autorregulación y defensoría general), lo que nos hizo recordar la famosa frase del expresidente José López Portillo, que sentenció a la revista Proceso, a causa de la crítica que hacían de su mandato: “no pago para que me peguen”. Y retiró toda publicidad institucional, a sabiendas de que aún hoy en el país la supervivencia de los medios tiene relación directa con este rubro y las prebendas oficiales. MVS, en forma similar, decidió desaparecer esta figura, amparándose en los mandatos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y evitar así la imparcialidad y objetividad con la que trabajaba su defensor en el caso espinoso de la periodista Carmen Aristegui, cuyo caso es emblemático de la censura y discrecionalidad con que operan los medios de difusión, se diga y crea que avanzamos en la democracia y libertades.
No obstante la ganancia, en el balance y análisis, la factura efectiva de derechos de audiencias queda pendiente. Es tiempo de hacer realidad la promesa y hacer valer el discurso y el papel como primer paso para avanzar.

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Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM y especialista en estudios de la mujer por El Colegio de México. Periodista colaboradora en medios desde 1987. Defensora de lectores y articulista del diario Libre por Convicción Independiente de Hidalgo. Integrante del consejo editorial de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC. Docente universitaria desde 1995 en la UNAM. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2008. Integrante y cocoordinadora del grupo de investigación Género y Comunicación en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Línea de investigación y publicaciones sobre periodismo, comunicación y género.