Por segundo mes consecutivo Hidalgo está en primer lugar nacional en el registro de tomas clandestinas de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). En términos coloquiales, esto quiere decir que nuestra entidad mantiene el campeonato en el delito de extracción ilegal de hidrocarburos, al menos durante los primeros dos meses del año. Según la propia empresa productiva del Estado, en febrero de este año fueron detectadas 143 tomas, por encima de la cifra registrada en enero (139). Hidalgo supera a estados como Guanajuato o Puebla, donde en mayo de 2017 un enfrentamiento entre grupos huachicoleros y tropas del Ejército arrojó cuatro soldados muertos y 11 heridos, además de seis civiles abatidos y 14 detenidos. En esa ocasión, los huachicoleros se escudaron de los soldados utilizando a mujeres y menores de edad. Después de que fueron detenidos, los pobladores de la zona bloquearon carreteras, en claro desafío a las autoridades. Si bien en Hidalgo aún no ocurre un acto de tal magnitud, sí ha habido ataques a policías municipales, que han sido asaltadas en sus propios cuarteles, como ocurrió en Tepetitlán en diciembre. También comienza a haber zonas en las que esa actividad se aprecia como normal, y en donde sus habitantes se dedican cotidianamente a la comercialización del combustible robado. No vemos hasta el momento una estrategia que vaya en contra de esta tendencia y no falta mucho para que en Hidalgo comiencen a verse fenómenos como el descrito líneas arriba en Puebla. Eso en cuanto al presente, pero tampoco vemos a los candidatos a legisladores preocupados por el futuro. Como siempre, para nuestro pesar, las autoridades reaccionarán y tomarán medidas cuando el ambiente esté más descompuesto. De filón. Con oportunidad, activistas y empresarios ven que este es el momento de exigir a los candidatos para que tomen el toro por los cuernos. Así sucede respecto a la oportunidad de influir en los aspirantes para que discutan la posibilidad de ampliar las causales del aborto en Hidalgo. Esto porque en 2017, en Hidalgo hubo 11 casos que fueron clasificados como delito de aborto y durante los primeros dos meses de este año ya son cuatro.

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