A partir del próximo 25 de octubre y hasta el 28 de este mes, podremos participar en la primera –si así lo decidimos– consulta ciudadana del futuro gobierno federal que entrará en funciones el primero de diciembre entrante. El tema por el cual se nos pregunta nuestra opinión es la ubicación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, proyecto que sin duda desde el inicio de la campaña electoral pasada se ha transformado en un tema de debate a nivel nacional, que ha ocupado un considerable tiempo en los noticieros más importantes del país en radio y televisión y, como es del conocimiento de todos, tensó en forma considerable la relación entre los empresarios y el presidente electo.

Pero más allá de la coyuntura de todos esos eventos que marcaron el proceso electoral, nos preguntamos por la finalidad de esa consulta ciudadana, que cuesta enmarcar en un ejercicio propiamente legal y vinculatorio, por varias razones. La primera de ellas es que no se enmarca en el artículo 35 constitucional que nos otorga como ciudadanos el derecho de votar en las “consultas populares sobre temas de trascendencia nacional” y menos en la Ley Federal de Consulta Popular, entre muchos otros puntos, por el origen de la consulta que tiene su inicio en la voluntad del presidente electo, que todavía no está en funciones, y el proceso tiene como responsable al futuro secretario de Comunicaciones y Transportes que todavía no asume la encomienda; el conteo de dicho evento se hará por una asociación civil.

Esos elementos imposibilitan cualquier intento vinculatorio de los resultados de la consulta.

Los régimenes presidencialista, que son una constante en América Latina, han generado con el tiempo un gran descontento respecto a los procedimientos de toma de decisiones de los representantes, que por mandato tiene dentro de sus responsabilidades decidir a través de algún mecanismo las acciones adecuadas y racionales para resolver los problemas del país. Sin embargo, esos representantes electos por nosotros, los ciudadanos, se alejan cada vez más de la realidad que abarca a todos y empezamos a vivir bajo la sensación de que los políticos toman decisiones para favorecerse ellos y se olvidan de quienes les dieron la oportunidad de estar ahí. Bajo esta premisa que la realidad confirma una y otra vez, los régimenes presidencialistas han decidido poco a poco ir creando mecanismos de participación con la intensión de involucrar a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. La idea es que los grandes temas y las grandes decisiones no se tomen a espaldas de los ciudadanos y que garanticen el beneficio de las mayorías.

De esa forma, ninguno de nosotros estaría en contra de los mecanismos que amplían la posibilidad de participación, como son: el plebiscito, el referéndum y la consulta popular. Al contrario, lo aplaudimos y deseamos que sean usados ampliamente, por nuestros representantes. Sin embargo, la cancha no está pareja, las leyes nacionales no nos permiten llevar a consulta muchas cuestiones y colocan restricciones a la vinculación, otorgando a las consultas un porcentaje de participación mínimo en relación al padrón electoral para contar con validez. Hay que recordar los ejercicios de ese tipo, en el entonces Distrito Federal, fueron considerados un fracaso, ya que contaron con muy poca participación.

Si somos consistentes de todas situaciones, por qué insistir en un proceso de consulta que se proyecta, a partir de la experiencia, sumamente débil. En primer lugar, marcar la diferencia con los presidentes anteriores en el sentido de tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos y, segundo, es un importante simulacro para la democracia que se espera ejercer, desde el primero de diciembre, proceso de consulta que será mejorado en el futuro inmediato para contar crecientemente con el respaldo ciudadano en las situaciones de conflicto que pueden surgir, como es el caso de la reforma educativa. En efecto, un simulacro pone a prueba la capacidad de respuesta de la población informada –bien o mal– y el solo hecho de ejercitarlo permite la evaluación y la evaluación la retroalimentación, que abre la mejora de los procesos a futuro. También los simulacros sirven para acostumbrar a la población a adoptar rutinas de acción más acertadas, para reaccionar automáticamente en casos de emergencia democrática.

Puede que ya todos intuimos el resultado de la decisión respecto al nuevo aeropuerto, pero el verdadero valor de esa consulta está en la posibilidad de experimentación y ensayo para las decisiones que vienen en el futuro para el nuevo gobierno, para el nuevo presidente que quiere acompañarse en las grandes decisiones directamente de los ciudadanos.

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