Sin denuncias por condicionar programas sociales a cambio de voto

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Las penas por ese delito van de dos a nueve años de prisión para los funcionarios que se vean involucrados

Tulancingo.- De las 64 denuncias que ha recibido hasta el momento la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales en Hidalgo, ninguna ha sido por la entrega condicionada de programas sociales a cambio de votar por algún partido político o candidato en específico.

Sergio Zúñiga Hernández, titular de la dependencia adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, reconoció a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, al no verse inmiscuidos en dicho delito electoral.

Recordó que las penas por el condicionamiento del voto a cambio de la entrega de programas sociales es de dos a nueve años de prisión para los funcionarios que se vean involucrados en dicha situación.

Sin embargo, insistió a la población a realizar denuncia para iniciar las investigaciones respectivas, señalando que dicho acto es uno de los más graves incluidos en la reciente reforma a delitos electorales, llevada a cabo el año pasado.

Zúñiga Hernández calificó como grave este tipo de delito, pues indicó que es peligroso lucrar y sacar provecho de la necesidad de la población que requiere de algún apoyo en rubros como educación, salud, entre otros. Invitó a los funcionarios municipales, estatales y federales a realizar sus labores de forma institucional, y que de ninguna manera intenten otorgar programas sociales o intentar intimidar a la población con el retiro de estos, por cuestión de honorabilidad, o bien, tomando en cuenta las sanciones existentes.

Hasta finales de septiembre, la fiscalía ha recibido 64 denuncias, que han derivado en la apertura de 39 carpetas de investigación y 25 actas circunstanciadas en el transcurso del actual proceso electoral para la renovación de Ayuntamientos en el estado de Hidalgo.

Los principales rubros de denuncia han sido las amenazas, intento de compra de voto, exigencia de la entrega de la credencial de elector, así como casos de violencia política de género.

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