Pachuca.- De las barandillas en los 84 municipios del estado, 38 carecen de espacios separados para mujeres, solo tres cumplen condiciones de higiene, más de 50 por ciento no tiene circuito cerrado ni agua corriente y en 26 ayuntamientos las personas retenidas deben pagar su certificación médica.
Así lo informó la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) en su diagnóstico del primer semestre de 2017, publicado ayer y del cual se desprende que son pocos los avances para mejorar esas áreas de retención.
De acuerdo con el documento, solo 46 barandillas cuentan con espacios separados para hombres y mujeres; además de que 30 municipios no tienen lugares exprofeso para detenidas pero improvisan uno.
Y ocho municipios carecen de espacios en barandillas para mujeres: Atlapexco, Eloxochitlán, Jacala, La Misión, Lolotla, Mineral del Chico, Singuilucan y Tianguistengo, dos más en relación al segundo semestre de 2016.
Solo tres barandillas están en condiciones de higiene, limpieza, pintura, mantenimiento y servicios de infraestructura: Alfajayucan, Tepeapulco y Pachuca.
En contraste, las barandillas de Metztitlán y Mineral de la Reforma no tienen las condiciones necesarias para una estancia digna de las personas detenidas en dichos municipios.
17 barandillas cuentan con circuito cerrado y almacenan grabaciones de 30 días o más, 13 municipios tienen ese sistema pero graban menos de un mes, dos barandillas más cuentan con esa tecnología sin conocer tiempo de grabación, en cinco sus equipos no servían para guardar información y en 47 ayuntamientos carecen de esos dispositivos.
La CDHEH manifestó que cuentan con cámaras de seguridad pero sus equipos no servían para guardar la información Atitalaquia, Atotonilco el Grande, Atotonilco de Tula, Mineral de la Reforma y Tizayuca.
Disminuyó el número de ayuntamientos que llevan a cabo la certificación médica sin costo para el retenido, ya que en el segundo semestre de 2016 eran 63 y en los seis primeros meses del año son 58.
Por lo que incrementó el número de barandillas donde las personas deben pagar su certificación médica, ya que el año pasado eran 16 y actualmente son 26 ayuntamientos.
“Especial mención merece el ayuntamiento de Mixquiahuala, donde a pesar de que cuentan con personal médico adscrito, los gastos de la certificación corren a costa de las personas retenidas”, apuntó.

18 personas en barandillas

Al momento de la visita, la CDHEH encontró que había 18 personas retenidas en varias barandillas. Una de ellas en El Arenal no había recibido alimentos, pese a que tenía 12 horas de su ingreso.
Tal “hecho preocupa, pues en Pachuca una persona tenía 14 horas retenida sin recibir alimentos.
“En tanto que en los otros municipios, las 16 personas restantes sí habían recibido alimentos de sus familiares, de los retenidos, de la policía o de personal de la administración municipal.”
Cinco municipios carecen de personal femenino para realizar la función de seguridad pública: Atlapexco, Chapulhuacán, Juárez, La Misión y Yahualica.

Conciliadores
municipales, sin perfil

El organismo alertó que las presidencias municipales que siguen sin contar con licenciados en derecho como conciliadores municipales son Eloxochitlán, Huehuetla, Juárez Hidalgo, Metepec, Tlahuiltepa y Metztitlán.
Santiago de Anaya es el único ayuntamiento en el que no hay formato de inventario de pertenencias de las personas retenidas, aunque en el segundo semestre de 2016 ya contaba con este.
El personal a cargo de la fuerza pública en barandilla aumentó de 3 mil 781 a 3 mil 909 elementos, lo que se considera un avance que se vio reflejado en tener mujeres oficiales en municipios donde no había.

Recomendaciones:
cumplir con dignidad

Las áreas de retención municipal deben ser espacios propicios para cumplir un arresto en condiciones de dignidad y contar con personal médico que certifique los detenidos en las barandillas y los atienda en caso de urgencia.
En los municipios deben existir los documentos legales para la calificación de las faltas administrativas cometidas por las personas infractoras, denominados “acuerdos de barandilla” que no pueden ser omitidos por las oficinas de conciliación municipal.
Procurar que los sistemas de circuito cerrado funcionen constantemente y permitan grabar y almacenar lo que ocurre en esos lugares por un tiempo de 30 días, con tal de aminorar riesgos en la integridad física de las personas e incluso evitar fallecimientos.

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