El financiamiento de la educación superior es un tema prioritario que requiere de un diálogo estrecho y de definiciones claras de la actual autoridad, que si bien no es responsable del origen de esta ley, tiene el mandato de aplicarla y, de ser necesario, de perfeccionarla.

Por lo anterior, se hace imperioso el acuerdo de todos para que la ley consigne lo importante: un financiamiento basal estable, considerar un aumento de la matrícula, un sistema de gobierno universitario con autonomía y participación, una articulación de las universidades estatales entre sí y con el resto de la esfera pública en pro de objetivos estratégicos de trascendencia regional y nacional.

En efecto, las universidades son estratégicas para el desarrollo y son coherentes con sus valores institucionales, enfocados a la formación integral de personas y de una comunidad comprometida con el bien común, favoreciendo el encuentro de jóvenes provenientes de distintas realidades educativas, socioeconómicas y culturales para que valoren y maduren conjuntamente el sueño de un México mejor.

Las universidades son las responsables de dotar a las nuevas generaciones de un saber superior en las ciencias, artes y humanidades, y de contribuir a forjar el carácter de los jóvenes e inducir en ellos un aprecio por la familia, el compromiso con lo ético, el desarrollo sustentable e imbuirlos de un espíritu crítico y vocación hacia el servicio público del bien común. En fin, las universidades han sido protagonistas en la sociedad para mejores condiciones de bienestar.

Y para la consecución de los nobles propósitos de las universidades se requiere de un financiamiento adecuado; en ese contexto, el secretario de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) Jaime Valls Esponda mencionó que “no se trata de un problema coyuntural; las universidades han operado en situación deficitaria en los últimos años, por lo que es necesaria una reforma a la educación superior que incluya ampliaciones presupuestarias”.

En suma, el financiamiento futuro de las universidades está en entredicho; ellas han hecho un buen esfuerzo por mejorar la calidad de sus investigadores, como lo ha realizado la UAEH, lo que se aprecia en el aumento en la productividad académica de las publicaciones científicas y el índice de impacto. “Lo que hace falta es una política pública que se haga cargo del desfinanciamiento que dejó la reforma y que corrija sus fallas”, dijo.

Finalmente, el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como el Único de Trabajadores y Empleados, se sumaron al paro convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) ante el inminente recorte presupuestal a ese importante rubro educativo, y que a decir del secretario general del SPAUAEH Octavio Castillo Acosta: “En caso de que disminuya el presupuesto para educación superior se detendrá el crecimiento” de la máxima casa de estudios de la entidad, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, lo que también afectaría –además, de a la juventud hidalguense, por supuesto– rubros como el fortalecimiento al fondo de jubilación, estímulos a docentes y movilidad académica.

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