“La violencia fue cayendo despacito, fue haciendo nudos,
fue amarrando a la gente sin que se diera cuenta.

Comenzó a caer por la noche y,
cuando despertamos, estaba metida en medio de nosotros,
manejando las cuerdas.”

Los años del tropel, crónicas de violencia, Alfredo Molano (2000)

Los primeros cuatro meses de la administración del gobierno federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador no han sido del todo exitosos en materia de seguridad. Las llamadas ejecuciones (homicidios) siguen siendo parte de la agenda pública; la criminalidad ha diversificado sus actividades. Esos hechos son particularmente evidentes en las regiones donde se han implementado acciones de combate frontal al robo de hidrocarburos y han llamado la atención de los medios de comunicación y analistas, dejando de lado el papel del narcotráfico como el asunto de seguridad más importante. Sin embargo, es evidente que el narcotráfico no ha desaparecido; la agenda política requiere dar resultados inmediatos en materia de combate a la corrupción en la principal empresa del estado (Pemex), pero no evaluó los costos tangenciales de esa medida y los efectos que traería la colusión con grupos criminales de alto calado que están involucrados.

De igual forma, hay un giro en el comportamiento de la delincuencia que obliga a los tomadores de decisiones a repensar la estrategia, porque es notorio que al hacer presión en un lado (incrementando los efectivos de las corporaciones de seguridad) está obligando a los delincuentes a trasladarse a otras geografías y emplear modalidades mucho más sofisticadas para asegurar una renta o ingreso criminal. Con desfortuna vemos que esos operativos teminan convirtiéndose en la metáfora de la persecución del gato y el ratón, solo ganando la cobertura mediática para satisfacer morbos, fibias y fobias de una sociedad de doble moral que desde las redes sociales juzga y sentencia a los delincuentes de fuera, pero que a los de casa los protege y solapa.

Las cifras del delito en dos meses de 2019

Las cifras preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refiere que los dos primeros meses de 2019 han sido particularmente violentos al registrarse 41 mil 973 víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal, destaca 8 mil 363 homicidios, 32 mil 189 lesiones, 3 mil 876 víctimas por otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal (incluyendo el secuestro), mil 450 delitos de extorsión y mil 855 víctimas de delitos contra la sociedad.

La misma fuente detalla que en los dos primeros meses de 2019, en Hidalgo se registraron mil 634 víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal, 163 homicidios, mil 410 lesiones, 521 víctimas por otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, 34 delitos de extorsión y 14 víctimas de delitos contra la sociedad.

Ambas estadísticas demuestran que los delitos se están incrementando considerablemente, por lo que esos números deben revisarse mediante procedimientos metodológicos de amplio espectro para conocer la naturaleza, origen y tipo de criminalidad que está operando en México. No hay duda que la contención, combate y prevención del delito es un asunto de responsabilidad compartida, porque si no hay una genuina voluntad de combatir la corrupción en las corporaciones de seguridad, el crimen comprará voluntades y mantedrá su sistema de contubernios.

Pero también es cierto que la sociedad juega un papel importante para desmantelar las redes criminales, porque el cobijo social que encuentran los delincuentes les permite legitimar sus acciones, por lo que una estrategia sostenida de prevención del delito deberá de promover la recuperación de principios éticos de la familia (en todas sus variantes) como unidad básica de la sociedad contemporánea, porque desde allí se funda el sentido de ciudadanía y de responsabilidad social.

Durante varios años el titular de esta columna periodística ha analizado varios procesos de violencia en el mundo, particularmente el caso de Colombia, un país azotado por acciones de macrocriminalidad donde estuvieron involucrados funcionarios públicos, guerrillas y paramilitares. El incremento de las ejecuciones, el secuestro y la extorsión fueron los indicadores que ubicaron a ese país como el epicentro de la violencia en América Latina por muchos años, hecho que impedía a sus ciudadanos apropiarse de su geografía y viajar por él, porque el riesgo de ser víctima de esos delitos era latente en cualquier carretera, camino o vereda.

Parece que lejos de convertirnos en Venezuela, cada vez más nos parecemos a la Colombia de la época de la violencia, pero de eso casi nadie dice nada. Seguramente que con el transcurrir del tiempo y cuando la muerte llegue a los miembros de la clase política-económica será cuando se empiecen a tomar medidas en contra de esos males que no permitirán crecer al país como se debe.

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