Ante periodistas, el rector de la UAEH Adolfo Pontigo Loyola y el presidente del Patronato Universitario Gerardo Sosa Castelán exigieron ayer al gobierno estatal que cumpla con una de sus tantas obligaciones: depositar a tiempo el subsidio ordinario estatal, que no es más que el presupuesto que le corresponde por ley otorgar a la universidad estatal, y que se encuentra fundamentado en el convenio marco para el apoyo financiero número 0530/16, publicado en enero de 2016 y el anexo de ejecución 0904/2017 para las universidades públicas estatales (UPES 2017); documentos firmados por la Secretaría de Educación Pública federal, el gobierno estatal y la UAEH. Anticipándose a los avezados analistas políticos, el presidente del Patronato Gerardo Sosa Castelán atajó que detrás de esa exigencia no hay complots: únicamente que el gobierno cumpla con su parte para que la vida universitaria continúe con normalidad. Más bien la pregunta está en otra parte: ¿qué es lo que motiva que los recursos que le corresponden a la universidad no sean depositados a tiempo? ¿Un gazapo administrativo? ¿Dolo de algún funcionario que trae pendientes con la universidad? ¿Alguna cuenta bancaria que genera intereses atractivos a mediano plazo? Lo que sea, debe ser explicado por el gobierno estatal porque no es una acción sin consecuencias: en el peor escenario el gobierno federal puede reclamar ese dinero pues al no haberse ejercido en tiempo y forma, asume que no es necesario para la universidad. De esa forma el gobierno estatal tendría que regresar, por ejemplo, los más de 142 millones que no ha depositado a la UAEH. Esto sería una acción patética, como calificó el rector, sobre todo en un país y un estado donde las carencias sobran. ¿Qué extraño móvil hay atrás de ese retraso? Ojalá algún día sepamos quién es el responsable de provocar que una simple acción administrativa trascienda a un conflicto interinstitucional. Y ya de paso aquí le presentamos una idea a los legisladores federales: reformen las leyes que sean necesarias para eliminar intermediarios en esta asignación presupuestal. De filón. Otro dato que corrobora la mala salud de nuestra economía estatal: resulta que en el segundo trimestre del año Hidalgo registró la cuarta tasa de informalidad más alta del país, al ubicarse en 73.5 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Y luego nos preguntamos de dónde viene la precaria situación económica de la mayoría de hidalguenses.

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