Solo en México pueden ocurrir las muertes de dos personas por presunta negligencia y corrupción de funcionarios de gobierno y empresas constructoras en una millonaria obra pública que fue inaugurada hace apenas tres meses: el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, donde se abrió un socavón en el que se hundió el automóvil en que viajaban los fallecidos, y no pasa absolutamente nada, pues hasta ahora los únicos responsables de esta tragedia son: la lluvia y la basura que obstruyó el drenaje.
Son innumerables las tragedias ocurridas en el país debido a la indolencia y corrupción de servidores públicos, quienes su único objetivo por ocupar un cargo en el gobierno federal, estatal o municipal, es extender la mano para que empresarios deshonestos se las unten con fajos de dinero; para exigir “moches” por autorizar onerosas obras públicas que pueden resultar mortales para los ciudadanos; para recibir sobornos por hacerse de la vista gorda ante la utilización de materiales de ínfima calidad que se facturan como si fueran de última generación, solo están por el business nunca por vocación de servicio público.
El secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, quien ha responsabilizado en todo momento a Tláloc del socavón que se abrió en los carriles con dirección a Acapulco en el Paso Exprés. En entrevista radiofónica con José Cárdenas declaró que la oquedad se produjo debido a un resentimiento en el concreto, así como al “golpe de agua que recibimos hace dos días y que tuvo un efecto devastador en el sitio, por ello es de suma importancia realizar el peritaje”.
A manera de justificación, añadió Ruiz Esparza que se trató de una lluvia que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) califica como la más importante de julio, y de todos los julios de años anteriores, con 54 milímetros de lluvia, que en un momento provocó la afectación en la obra.
Habrá que recordarle al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que en otros países, donde los funcionarios de gobierno sí desempeñan bien su trabajo, supervisan la obra pública y que los materiales empleados sean de excelente calidad, la infraestructura pública no colapsa por una lluvia como sucede en México.
Ruiz Esparza respondió molesto cuando José Cárdenas le preguntó si estaría dispuesto a renunciar a su cargo: “Mi renuncia siempre está en el escritorio. Yo no construí la carretera, yo no soy el técnico… yo siempre respondo. En 48 años he hecho muchas cosas por este país. No estoy aquí por necesidad o capricho político, estoy aquí porque he servido a mi país”.
Ah chingá… ahora resulta que Ruiz Esparza como todos los políticos y funcionarios de los tres órdenes de gobierno en el país ocupan esos cargos públicos por altruismo. Entonces por qué no reembolsan a las arcas nacionales sus grandes salarios que perciben de nuestros impuestos, si nada más trabajan por su vocación de servicio público.
La realidad es que están ahí para enriquecerse con los dineros públicos; para hacer negocios, para transar; para cometer cochupos, para adquirir fastuosas mansiones como la Casa Blanca de Angélica Rivera; para ampliar sus negocios; para viajar por el mundo con cargo a nuestros impuestos; para vender los recursos naturales; para despojar a los ciudadanos e institucionalizar la corrupción, el cáncer que carcome a México y sus habitantes.
En este caso no se puede evadir la tragedia, es evidente que hay responsables por el colapso de la obra cuyo costo original era de mil 45 millones de pesos y que terminó constándonos 2 mil 213 millones de pesos, más del doble de lo originalmente presupuestado. La realidad es que la oquedad no fue causada por la lluvia atípica sino por la corrupción y rapacidad que impera en los tres órdenes de gobierno.
En Hidalgo, también hay afectaciones por la ínfima calidad de la millonaria obra pública que presumen los gobiernos estatal y municipal. Basta con darse una vuelta por calles y avenidas de la capital del estado o de otros municipios para darse cuenta de que los millones de pesos invertidos no justifican el pésimo estado de asfalto de las vías de comunicación, cuya construcción pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos.
Cinco minutos de lluvia bastan para colapsar calles y avenidas de la capital del estado, debido a la incapacidad del drenaje público para desahogar el agua; las inundaciones y encharcamientos son inevitables y al bajar el nivel del agua el asfalto desaparece como si estuviera hecho de material “efervescente” para dar paso a grandes y permanentes baches que dañan los automóviles.
Aquí también hay responsables por estas anomalías en la obra pública. Los ciudadanos debemos exigir no solamente que rindan cuentas los servidores públicos y empresas constructoras, sino que se deslinden y finquen responsabilidades penales y administrativas, así como el reembolso de los dineros públicos.

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