Suman 28 ambientalistas asesinados

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Entre julio de 2016 y diciembre de 2017, 28 defensores de derechos humanos ambientales fueron asesinados en el país

CÉSAR MARTÍNEZ / AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

Entre julio de 2016 y diciembre de 2017, 28 defensores de derechos humanos ambientales fueron asesinados en el país, según el informe más reciente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Las muertes se registraron en 17 eventos, en los que además falleció un escolta que brindaba protección a la activista Alma Barraza.

En el informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos ambientales en México 2017 se detalla que en Oaxaca ocurrieron cuatro de los 17 atentados registrados, mientras que en Veracruz fueron tres.
En Chihuahua, Michoacán y Chiapas ocurrieron dos en cada uno y el resto en Hidalgo, Sonora, Sinaloa y Jalisco.
Los defensores que fallecieron realizaban labores de defensa del medio ambiente derivado de proyectos de minería e hidroeléctricos, por despojo de sus tierras o tala
clandestina.

“Ese año (2017) fue marcado por la gran pérdida de personas defensoras del medio ambiente quienes fueron asesinadas, la primera de ellas fue Isidro Baldenegro cuyo homicidio ocurrió el 15 de enero, indígena rarámuri defensor del bosque”, se lee en el documento.
“Lo que es más impactante es que 15 días después asesinaron a Juan Ontiveros, también indígena rarámuri defensor de su territorio que ha sido asediado históricamente por el crimen
organizado.”
En total, en los 18 meses que abarca el estudio, Cemda registró 88 casos de ataques, en los que se cometieron 110 diferentes agresiones, de las cuales la más recurrente fue el ataque físico con una incidencia del 18 por ciento.

En el informe también resalta que 36 por ciento de las agresiones son cometidas por las autoridades mexicanas, principalmente del orden estatal, seguido de las municipales y en menor medida las federales.
Para Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, sí es posible realizar los proyectos productivos que el país necesita para su desarrollo y al mismo tiempo respetar la ley y los derechos humanos de los
habitantes.

“¿Cómo es posible dar mayor interés a la infraestructura que a la dignidad y a la vida de los defensores?”, cuestionó.
“Todo el problema que muestra el informe, requiere de una respuesta inmediata, efectiva y sin dilación, por parte del Estado mexicano, porque se nota que hay una escalada de violencia.”

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