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La organización exigió al gobierno del estado medidas aplicables para garantizar una vida libre de violencia a las menores de edad

Pachuca.- En el marco del Día Internacional de la Niña, los Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC (Seiinac) exigió al gobierno de Hidalgo medidas aplicables para garantizar una vida libre de violencia a niñas y adolescentes; lo anterior, luego que en lo que van del año suman cuatro muertes violentas de mujeres menores de edad en la entidad.

Al respecto, destacaron que de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPD), 6 mil 79 niñas, niños y adolescentes están desaparecidos en todo el país, de los cuales, seis de cada 10 casos son niñas y adolescentes; aunado a los casos de desaparición, donde la primera causa de muerte registrada en mujeres jóvenes de 15 a 29 años fue por homicidio.

Asimismo, revelaron que de acuerdo con la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y Delincuencia (Ecopred), en la que participaron 47 ciudades, incluida Pachuca, se estima que del total de la población infantil de 12 a 17 años, 21 mil 423 fueron víctimas de tocamientos ofensivos y 75 mil 11 fueron víctimas de violación sexual o estupro; además, en los delitos de violación sexual, en 67 de cada 100 casos, la víctima fue mujer.

En ese sentido, enfatizaron que la violencia es un fenómeno progresivo y complejo causado por múltiples factores normalizados en la sociedad, sobre todo la violencia que se ejerce en contra de mujeres y niñas, donde algunas pueden experimentar descuido, violencia psicológica, discriminación, abuso y explotación sexual, así como castigos corporales, tratos inhumanos, tortura e incluso feminicidio.

Por lo anterior, exigieron al gobierno estatal aplicar medidas urgentes cuando exista el riesgo de que una niña o adolescente sea victimizada, amenazada, intimidada y que se proteja cuando esté en riesgo su vida; así como la implementación de una política de prevención, atención y erradicación de los distintos contextos de violencia que afectan a niñas y adolescentes con estrategias específicas para los diferentes municipios.

A su vez, pidieron que el personal que atiende los procesos de impartición de justicia esté capacitado para realizar entrevistas, tomas de declaraciones y pruebas periciales con enfoque de género y de derechos de las infancias, así como que se proporcione acompañamiento e intervención terapéutica durante los procesos, y se otorgue protección de la intimidad, datos personales e imagen de las niñas y adolescentes.

Finalmente, llamaron a armonizar el código de procedimientos penales respecto a la disposición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la procuraduría estatal de protección, así como en lo referente a la implementación y cumplimiento de las medidas urgentes y medidas de protección de niñas y adolescentes en casos específicos y la implementación de los parámetros y adecuaciones procesales establecidas en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que atañen a dicho sector de la población.

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