Una buena noticia recibieron todas las instituciones públicas de educación superior del país esta semana por parte de los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes por votación unánime resolvieron proteger la autonomía constitucional de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) en contra del decreto 228 aprobado por la 63 Legislatura del Congreso estatal, por el cual pretendía imponer un órgano de control

Cabe recordar que hace más de un año, la mayoría legislativa de la Cámara de Diputados estatal, dominada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que encabezaba María Luisa Pérez Perusquía en su calidad de presidenta de la junta de gobierno (órgano que hoy pretenden arrebatar al Movimiento Regeneración Nacional) impulsó la reforma a la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios de la entidad como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, misma que violentó su autonomía constitucional

En términos llanos, lo que el Congreso estatal pretendía con dicha reforma era designar al titular del órgano de control, mismo que vigilara y fiscalizara el ejercicio del presupuesto público que recibe anualmente la UAEH a pesar de que la institución de educación superior, desde hace varias décadas, es permanentemente revisada y supervisada por organismos y dependencias tanto federales como estatales, entre ellas la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como auditores externos

El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las universidades e instituciones públicas de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad de gobernarse a sí mismas. Además, dispone que la autonomía permite educar, investigar y difundir la cultura, siempre con respeto a la libertad de cátedra; tiene facultad al libre examen y la discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso, promoción o permanencia de su personal académico; así como la administración de su patrimonio

No obstante de lo anterior, la mayoría priista de la 63 Legislatura del Congreso estatal aprobó el decreto 228, violentando la autonomía constitucional de la UAEH, cuyas autoridades, con el respaldo de amplios sectores de la sociedad y academia, recurrieron a interponer un amparo ante el juzgado primero de distrito, mismo que le fue concedido

Frente a esa determinación del Poder Judicial, la anterior Legislatura del Congreso local interpuso la revisión del amparo ante la SCJN con la finalidad de que los ministros del alto tribunal de la nación resolvieran a cuál de las dos partes (UAEH o el Congreso) le asistía la razón jurídica

Después de casi un año de defensa de su autonomía constitucional en tribunales, el pasado miércoles 3 de octubre la segunda sala de la SCJN emitió sentencia definitiva en favor de la máxima casa de estudios de la entidad, confirmando en sus términos el amparo concedido inicialmente por el juzgado primero de distrito con residencia en Pachuca en contra del decreto 228 aprobado por el Congreso local, mismo que violentaba la autonomía constitucional de la UAEH

La autonomía constitucional es una las razones fundamentales por las que la Autónoma de Hidalgo ha avanzado en los últimos 30 años en la ampliación de su infraestructura de primer nivel y en su reconocida excelencia académica que hoy la colocan en el selecto grupo de las cinco mejores universidades de México, según el organismo internacional Times Higher Education (THE)

Además, gracias al pleno ejercicio de su autonomía constitucional, actualmente más de 55 mil jóvenes hidalguenses tienen acceso a becas que les permiten continuar sus estudios de nivel medio superior y superior, a tener transporte gratuito, a posibilidad de estancias en universidades de otros países, a tomar clases en modernos laboratorios únicos en América Latina, todo ello en beneficio de su formación profesional

La autonomía también beneficia a docentes y trabajadores administrativos, ya que garantiza la posibilidad de tener una jubilación digna, a tener la tranquilidad del pago puntual de sus percepciones, a la libertad de cátedra, entre otras cosas

Gracias a la firme y férrea defensa de su autonomía constitucional con estricto apego a la ley, lo cual pueden presumir solo algunas universidades públicas (cuatro y entre ellas la UAEH), ha evitado la permanente tentación de injerencias e intromisiones externas que ven bastante “apetecible” el presupuesto público que administra y ejerce anualmente

Basta revisar la crisis financiera que atraviesan varias instituciones públicas de educación superior del país, cuya viabilidad académica está en riesgo debido a decisiones e injerencias externas que van en busca de la obtención de los fondos públicos de las instituciones de educación superior, a las que someten bajo sus caprichos personales, convirtiéndolas en meras agencias de colocaciones para dar “chamba” a sus amigos y recomendados, lo cual no ha ocurrido con la UAEH porque sus autoridades han defendido siempre, con apego a la legalidad, el pleno ejercicio de su autonomía constitucional

 

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