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Si a algún extranjero le contáramos lo que sucede en el ayuntamiento capitalino respecto al conflicto entre esa institución de gobierno y la organización de comerciantes liderada por Óscar Pelcastre, alías el Perro, quizá no entendería. Para empezar, el ayuntamiento pactó con comerciantes informales repartir el espacio público del centro histórico para dejarlos vender durante la temporada decembrina. Aquí el detalle es que está prohibido el comercio en vía pública. Bueno, pero supongamos que comprendemos que es por la temporada navideña y que además la economía del país está muy mal, por lo que es una forma de paliar la falta de oportunidades. Está bien, quizá eso sea comprensible. Pero después, una vez firmado y reconocido el convenio, una de esas organizaciones, la del Perro, quiere apropiarse de dos plazas principales como parte de la repartición, con lo que dejaría fuera a las demás. Esto porque así lo decidieron ellos. Y entonces, como la alcaldía no permitió que ocuparan toda la plaza, detienen al Perro Pelcastre por varios delitos, entre ellos el de desacato a la autoridad. Hasta ahí es comprensible el asunto. Pero dos días después, la Procuraduría de Justicia estatal dejó libre a Pelcastre dado que el ayuntamiento no concluyó el trámite, es decir, no ratificó la denuncia. ¿Cómo?, seguramente preguntaría el extranjero, pero, ¿por qué? Y entonces le tendríamos que explicar que, como si fuera un niño al que le deben recordar que haga su tarea, el síndico jurídico del ayuntamiento capitalino Francisco Carreño, quien debía cumplir con esa formalidad, simplemente no lo hizo. Sus argumentos para defenderse, impecables, fueron que nadie le avisó que tenía que hacer esa tarea, y que además andaba fuera de la capital hidalguense. Seguramente en este punto el extranjero habría renunciado a entender lo que ocurre, porque la lógica brilla por su ausencia. No hay duda: vivimos en un país surrealista, con políticos que no pueden defenderse ni a sí mismos. De filón. El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo con una multa de un millón 300 mil pesos. Según el INE, la falta más grave que cometió el tricolor durante el ejercicio fiscal 2016 fue un reporte de operación con un proveedor por la cantidad de 107 mil pesos que nunca fue reconocida por el prestador del servicio. ¿Este también es el nuevo PRI?

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