Lo que está sucediendo hoy en el país significa el más grave retroceso que esta generación de mexicanos estamos viviendo, pues ponen en riesgo la soberanía, las libertades civiles, de expresión y democráticas por la política neoliberal del gobierno de Enrique Peña Nieto que está imponiendo a la nación, con la complicidad y contubernio de los poderes fácticos, la partidocracia, el Congreso de la Unión, los gobernadores y los grandes medios de comunicación.
El haber aprobado la Ley de Seguridad Interior sin ningún cambio sustancial, a pesar de que instancias de derechos humanos como la ONU y Amnistía Internacional, la CNDH, el INAI, las organizaciones sociales, rectores de universidades y muchas otras voces, solicitaron al presidente de la República y a los senadores ser escuchados para dar sus argumentos sustentados sobre la inconstitucionalidad y riesgos que representa dar un marco jurídico a las Fuerzas Armadas para intervenir libremente en funciones policiales, estas fueron desoídas e ignoradas, siendo aprobada primero en el Senado con una mayoría del PRI, Verde, Panal y panistas leales a Felipe Calderón, donde otra vez muchos legisladores se ausentaron para no asumir su responsabilidad de impedir ese agravio y puñalada a la ciudadanía.
Ni en los gobiernos priistas más represores que hemos tenido en México, como los de Díaz Ordaz, Luis Echeverría y Salinas de Gortari, se había permitido dar libre accionar a las Fuerzas Armadas sin ningún control y contrapeso y quienes han sido señaladas como parte responsable en diversas masacres en el país, violentando el respeto a los a los derechos humanos y sobre todo, sin reconocer responsabilidad alguna, otorgando mayor impunidad.
La actuación de los diputados y senadores que aprobaron esa aberración demuestra que la división de poderes en México no existe, que están subordinados a la decisión dictatorial del partido en el poder, que solo son peones del sistema político mexicano, que están maiceados, controlados y alineados a lo que sus líderes políticos les ordenen, que no les importan los ciudadanos a los que representan y nunca consultan, pues desdeñan toda opinión y propuesta alternativa y que serán los absolutos responsables de la militarización del país y las consecuencias de inestabilidad social y represión que esto representa.
Al mismo tiempo que eso sucedía en las cámaras, dieron inicio las precampañas de las tres coaliciones que postulan sus candidatos a la presidencia de la Republica para 2018, en las figuras de Andrés Manuel López Obrador de Morena, PT y PES; de José Antonio Meade del PRI, PVEM y Panal, y de Ricardo Anaya del PAN PRD Y MC, en lo que habrá de ser la elección más crucial y competida, en un ambiente de mayor incertidumbre por un gran fraude electoral y riesgo de violencia oficial, por esas tentaciones autoritarias de EPN y camarilla. Pronto iniciarán las precampañas para senadores y diputados federales a nivel nacional, en varios estados la de gobernadores, diputados locales y presidentes municipales y con qué cara van a ir los partidos responsables de este atropello constitucional a pedir el voto a la ciudadanía traicionada, pues solo han mentido y engañado, además de no resolver las demandas nacionales que exigen solución a las grandes carencias que padecemos los ciudadanos; solo son una clase política enriquecida, vividora y
corrupta.
En cuanto a los senadores y diputados federales del PRI y sus partidos satélites del estado de Hidalgo, todos ellos votaron a favor de la militarización del país sin explicación y decoro alguno, solo obedecieron las órdenes del gobernador, lo que preocupa de sobremanera, pues no traerá solución alguna a la grave situación de inseguridad, además de ir en contrasentido de lo que aquí se pregona, de gobernar consultando a la sociedad; basta ver la penosa y vergonzosa declaración del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado Alfredo Sepúlveda Fayad, de que a los hidalguenses no nos afecta la aprobación de la Ley de Seguridad Interior ¡vaya ignorancia!.
El pedido y clamor de instituciones nacionales e internacionales, así como de muchos ciudadanos para que Peña Nieto vete la iniciativa y no la publique –pues con esta acción lograría su anulación– y pueda ser sometida a una gran consulta nacional es muy remota, dado su talante y visión autoritaria.
Como también lo es el caso de la pretensión del Congreso del estado de violar la autonomía universitaria a través de un órgano de control, pudo Omar Fayad haberla vetado y no publicar el decreto 228, pero no lo hizo, lo que obligó a la UAEH y gran parte de la comunidad universitaria a buscar el amparo ante la Suprema Corte de Justicia. Lo mismo tendrá que hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos y muchas otras instancias y organizaciones de nuestro México.

RicardoBaptista
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