En agosto de 2015 el cabildo de Pachuca aprobó por mayoría el reglamento para el control de estacionamientos en las vías públicas regulados por parquímetros. El objetivo, de acuerdo con asambleístas de la pasada administración, fue mejorar la movilidad en zonas permanentemente congestionadas de la capital del estado. Tras implementarlo hubo diferentes reacciones de la población. Como era de esperarse, existió inconformidad en cuanto comenzaron a operar los parquímetros, particularmente por el ventajoso contrato que obtuvo la empresa Moviparq, que es la encargada de administrar esos dispositivos. ¿Ventajoso?, se preguntará el lector. Juzgue usted mismo: Moviparq obtendrá, durante los primeros dos años de operación de los parquímetros, 85 por ciento de las utilidades. Después de los primeros dos años, la situación “mejorará” para el ayuntamiento pues podrá cobrar 20 por ciento de utilidades. Y así, progresivamente hasta que en los últimos dos años, establecidos en el contrato, el ayuntamiento podrá cobrar 30 por ciento de utilidades. Y aunque la actual alcaldesa de Pachuca prometió revisar la operación de los parquímetros, la realidad siempre llega y muestra su rostro amargo. Sucede que ayer, en entrevista, Yolanda Tellería reveló que si su administración decidiera rescindir el contrato con Moviparq, tendría que pagar 197 millones de pesos, cifra que hace inviable tomar esa decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos parquímetros en Pachuca al menos los siguientes nueve años (recordemos que el contrato fue firmado por una década). Por eso, Tellería decidió enfocar sus baterías en negociar con Moviparq mejores condiciones para el ayuntamiento capitalino. Si no es posible retirar los parquímetros con semejante cláusula prohibitiva, entonces al menos que el municipio reciba un porcentaje más alto que el actual 15 por ciento de utilidades. Son las consecuencias de que los contratos que celebran los gobiernos se hagan a espaldas del ciudadano. De filón. Una vez más un megaproyecto topa con pared por no informar oportunamente a las comunidades en donde se pretende instalar. Esta vez se trata del gasoducto Tuxpan-Tula, que desde hace meses enfrenta el rechazo de las y los dueños de la tierra por donde pretende construirse. El problema aquí es que, gracias a la reforma energética, la empresa tiene a la ley de su lado para continuar con el proyecto. Vaya dilema.

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