El capricho por aferrarse a mantener el control del Congreso de Hidalgo y a desconocer el mandato mayoritario de los hidalguenses en las urnas en las pasadas elecciones de no más dominio priista en el Poder Legislativo, ha ocasionado una crisis política en la entidad, misma que es alentada por el perverso autoritarismo de quien todavía cree que el estado es un virreinato y que puede imponer su voluntad a toda costa.

Es probable que por sus desmedidas ambiciones de poder no caiga en cuenta de que México e Hidalgo cambiaron el primero de julio pasado, cuando millones de ciudadanos comprendieron finalmente que con su voto el pueblo pone, pero también el pueblo quita.

Mediante una abierta injerencia en los asuntos de competencia exclusiva del Poder Legislativo se pretende continuar con el control del Congreso de Hidalgo para que impere la opacidad sobre el uso patrimonial del presupuesto público.

Esa es la razón de fondo por la que se pretende imponer a un priista como titular de la presidencia de la junta de gobierno del Congreso local en la 64 Legislatura, para lo cual se impulsó una reforma fast track a la Ley Orgánica del Congreso el último día del periodo ordinario de sesiones de la anterior Legislatura, la 63.

Cabe recordar que en esa ocasión, la sesión se intentó desarrollar en un Congreso sitiado por la fuerza policiaca estatal que reprimió brutalmente a los diputados electos de Morena que intentaron impedir el “agandalle” de la mayoría priista que lideraba María Luisa Pérez Perusquía. Ese día, la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo se hizo de manera atropellada, en una sede alterna y sin acceso público, con el uso de la mayoría priista y el respaldo de algunos diputados del PAN y Nueva Alianza.

De esa manera, los priistas pretendían dominar el Congreso desconociendo la voluntad mayoritaria de los hidalguenses, quienes votaron el primero de julio pasado de manera abrumadora a favor de que Morena asuma el control del Poder Legislativo con la finalidad de que por primera vez en más de 80 años haya en Hidalgo un contrapeso real al gobierno del estado.

La simple idea de ser investigadas, revisadas y auditarlas las cuentas de los gobiernos municipales y estatal por los diputados de Morena causa temor en las altas esferas gubernamentales. Sin embargo, a final de cuentas es lo que ocurrirá, porque los legisladores del partido de Andrés Manuel López Obrador harán valer el mandato popular y se transparentará y fiscalizará el ejercicio del presupuesto público.

Los priistas pretendieron apoderarse del control de la junta de gobierno del Congreso mediante un preacuerdo que carece del “consenso” de todos los coordinadores y representantes de los partidos políticos, como lo establece la reformada Ley Orgánica del Poder Legislativo en el artículo 98, ya que el coordinador parlamentario de Morena no lo suscribió y el representante de Nueva Alianza votó en contra.

Al no haber consenso, el artículo 99 en su fracción II establece que en caso de no haber “consenso” las decisiones se adoptarán por voto ponderado de los coordinadores, es decir, con base en el número de diputados con que cuente cada grupo parlamentario. Morena, cabe destacar, cuenta con 17 diputados mientras que el PRI solo cuatro legisladores.

Con apego a lo establecido en la Ley Orgánica reformada, Morena llevó al pleno del Congreso un acuerdo respaldado por el PT, PRD y Nueva Alianza para asignar la presidencia de la junta de gobierno a Morena por ser la bancada con el mayor número de diputados electos por el principio de mayoría, como ocurre en los demás congresos del país y del mundo.

No obstante, los priistas, sabedores de que la máxima soberanía del Congreso radica en el pleno, intentaron de impedir que se desarrollara la sesión instaladora en dos ocasiones, la primera usó a un grupo de choque que tomó por asalto la tribuna “reventando” los trabajos, y en la segunda al “arrancar” los micrófonos y tomando la tribuna del recinto legislativo, no obstante, Morena hizo valer su mayoría y aprobó, en conformidad a la legalidad y apego a la norma legislativa, que la junta de gobierno la presida Morena el primer año, el segundo el PRI y el tercer año el PAN.

Aquí es cuando surge la intervención abierta del Poder Ejecutivo al ordenar la publicación del preacuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, para generar confusión y pretender hacer creer que Pérez Perusquía es la presidenta de junta de gobierno, cuando ese preacuerdo carece de validez por no contar con el respaldo y aprobación del pleno del Congreso, y por no ser ordenada su publicación por el presidente de la mesa directiva como establece la normativa.

La publicación ilegal del preacuerdo puede ser causal para que Morena inicie la solicitud de juicio político contra el gobernador al incurrir en una ilegalidad, también contra Pérez Perusquía por usurpación de funciones.

La realidad es que Morena ya tiene el control de la junta de gobierno del Poder Legislativo, aunque no acepte y patalee el priismo, lo cual permitirá ver cambios importantes y a fondo en el estado, a favor de los ciudadanos como ya ocurre en el Congreso de la Unión, donde ayer se aprobó la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones (salarios máximos) que elimina las millonarias pensiones y privilegios de los expresidentes, reduce las percepciones de los servidores públicos para que nadie gane más que el próximo presidente de México.

Estoy seguro que a partir de que Morena asumió el control del Poder Legislativo estatal, los ciudadanos habremos de ver cambios que serán en nuestro beneficio, que es algo a lo que resisten los priistas, ya que su filosofía es primero su bienestar antes que el del pueblo.

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