GEORGINA GARCÍA
Pachuca.- Justo ahora que en Hidalgo el tema del aborto se encuentra en una encrucijada compleja dado la discusión que se realiza en el Congreso local, por la iniciativa de interrupción legal del embarazo, he pensado que sería importante compartir con ustedes algunos testimonios de mujeres que fueron criminalizadas por dicho delito.

La importancia de leer estas historias, considero, parte de la necesidad de desmitificar la serie de creencias que existen en torno al tema y que, en la mayoría de los casos, surgieron de
la desinformación y los rumores.

Los textos fueron extraídos del estudio efectuado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) titulado “Maternidad o castigo”. La criminalización del aborto en México; el primero es el testimonio de una mujer hidalguense, mientras que el segundo corresponde a una joven indígena de Yucatán.

Rebeca/ Hidalgo, 2012

Rebeca de 33 años cursaba un embarazo deseado de ocho o nueve semanas de gestación. Seguía estrictamente sus controles prenatales, debido a que tenía un embarazo de alto riesgo, y portaba una pulsera del IMSS que le permitía el acceso a servicios de urgencia médica. Una mañana en febrero de 2012 se sintió afiebrada, debido a una infección en las vías respiratorias. Cuando se metió a bañar para bajarse la fiebre, tuvo un sangrado y arrojó dos coágulos, por lo que su mamá decidió llevarla al hospital. El médico que la revisó afirmó que se había colocado una pastilla abortiva y le dijo a una enfermera que llamara al ministerio público (MP), también impidió que Rebeca hablara con su mamá.

Rebeca fue sujeta a un proceso penal acusada de tentativa de aborto. Fue privada de la libertad en una cárcel de su entidad durante 19 días bajo condiciones precarias e insalubres, lo que deterioró su salud.

Al enterarse del caso, GIRE cubrió la fianza para que Rebeca obtuviera la libertad provisional, y presentó un amparo en contra del auto de formal prisión, mismo que fue resuelto el siguiente enero con una sentencia favorable.

El MP interpuso una apelación en el caso de Rebeca, pero en octubre de 2013 se obtuvo la resolución final a favor de ella, por lo que pudo solicitar la devolución de la fianza otorgada.

Isadora/ Yucatán, 2017

Isadora es una mujer de origen maya, tiene 29 años y está casada. Fue diagnosticada con hipertensión arterial hace cerca de seis años. Tiene dos hijos y ha perdido dos embarazos. En agosto de 2017 no se preocupó cuando no se presentó su menstruación porque nunca había sido regular. A los pocos días empezó a sentir molestias, cólicos y sangrado. Pensó que iba a llegar su periodo y tomó dos analgésicos para el dolor.

Como sus molestias no paraban y el esposo de Isadora es derechohabiente del IMSS, acudieron al hospital Juárez, en Mérida, para una revisión. Cuando la ingresaron, únicamente le pusieron el suero y la dejaron sentada en una banca sin atención alguna. Su esposo, desesperado, fue a hablar con la trabajadora social, quien molesta, le dijo que lo que habían cometido era un delito: Al parecer, el personal médico entendió que al decir que se había tomado dos pastillas, Isadora se refería a misoprostol y no a diclofenaco.

La trabajadora social llamó a la fiscalía, y el personal que se presentó en el hospital hostigó al esposo de Isadora y lo hicieron firmar un documento que no le permitieron leer. Luego, el fiscal fue a ver a Isadora y la interrogó de manera violenta. Ella se negó a contestar las preguntas.

Como le condicionaron la atención médica a que confesara haberse procurado un aborto, Isadora solicitó que la dieran de alta y acudió a un centro médico particular para que le confirmaran si se había completado un aborto o no. Ahí la dieron de alta sin ninguna complicación, pero no pudo regresar a su casa porque había coches rodeándola, lo que la preocupó. Entonces, se fue a casa de una tía.

GIRE conoció el caso a través de una abogada de Radar Cuarto y asumió la representación legal de Isadora. En primer lugar, para averiguar si existía una carpeta en su contra. Días más tarde, dos policías se presentaron en su casa y le pidieron su número de seguridad social para integrarlo en la carpeta. Ella se negó a brindar esa información, pues no presentaron una orden judicial.

Más tarde se supo que el ministerio público había ordenado a la policía que consiguiera el número de seguridad social de Isadora porque el IMSS no había remitido el expediente clínico y que, por ese motivo, la investigación estaba parada. Los policías aprovecharon la visita para intentar extorsionar a Isadora y a su familia: Les pidieron 10 mil pesos para cerrar la investigación.

A pesar de que no existían pruebas de que Isadora se hubiera provocado un aborto, el hospital del IMSS insistía en ello. Por lo tanto, GIRE e Isadora decidieron presentar una demanda de amparo en contra de la trabajadora social por la emisión del aviso al ministerio público, de la médica adscrita al hospital Juárez, y de la Fiscalía General del Estado de Yucatán para invalidar cualquier acto derivado del aviso al ministerio público. Además, se le brindó apoyo psicológico porque estaba muy triste y asustada con toda la situación.

A la fecha de cierre de la presente publicación Isadora sigue a la espera de una resolución respecto a su demanda de amparo que se traduzca en el cierre definitivo de la investigación en su contra.

  • Visita
    Si te quedaste picado, no te preocupes, tenemos más de donde salió esto para mantenerte despierto toda la noche, por eso visita www.revistadandoydando.com.mx o búscanos en Facebook como Revista Dando y Dando, donde tenemos más y más para darte de qué hablar

Comentarios