La red de corrupción que tejió Roberto Sandoval Castañeda –exgobernador de Nayarit– para pactar con el narcotráfico, apropiarse de la obra pública y operar múltiples negocios, alcanzó al actual alcalde de Tijuana Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien ahora busca reelegirse en la presidencia municipal de esa ciudad fronteriza.

Los amigos y socios de Sandoval Castañeda, quienes son investigados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero y por recibir sobornos del cártel de Jalisco nueva generación, le tocaron la puerta a Gastélum Buenrostro, quien les otorgó millonarios contratos de obra sin licitación de por medio, ya que a cambio le habrían entregado medio millón de dólares para su campaña política, según consigna la presa de Tijuana.

De acuerdo con un documento del ayuntamiento de Tijuana, específicamente el oficio DIR-5001/2018, el gobierno de Juan Manuel Gastélum giró una invitación para participar en un contrato de obra a la empresa Urbanizaciones La Línea SA de CV, cuyo principal accionista es Luis Arciniega Alvarado, conocido como el Yogui, quien fungió como director general de construcciones y mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas de Nayarit durante el gobierno de Roberto Sandoval.

La invitación fue para la “construcción de cubierta en la escuela primaria Club Soroptimista”, ubicada en la colonia Cañón Salado, en la ciudad de Tijuana, Baja California. El origen de los fondos para financiar la obra fue obtenido del Proyecto de Desarrollo Regional 2018.

La historia de Arciniega Alvarado es negra por donde la miren: está acusado de formar parte de una amplia red de corrupción construida por Sandoval Castañeda para hacer negocios con la obra pública gubernamental en Nayarit, por cuyos ilícitos son investigados.

Otros miembros de esa cofradía son Gianni Ramírez, exsecretario de Obras Públicas; Juan Ignacio Ávila Ruiz, quien fungió como subsecretario en esa dependencia, y Fred Alberto Aguirre, quien desempeñó el cargo de director de infraestructura urbana y vial.

Ese grupo orquestó múltiples fraudes en Nayarit, los cuales hasta la fecha siguen impunes. Hay algunas historias que dan cuenta de los excesos de esa pandilla. Apropiados del poder y de la impunidad gracias a su amigo, el entonces gobernador Roberto Sandoval, esos exfuncionarios sellaron un pacto: hacerse millonarios a costa de la obra y del dinero público. Tan pronto como asumieron sus respectivos cargos comenzaron a constituir empresas constructoras por todas partes y ellos mismos como funcionarios autorizaban los paquetes de obra que luego recibían y firmaban como accionistas de las empresas beneficiadas.

Tan sólido era el pacto de corrupción entre ellos que, en 2009 – cuando Sandoval era alcalde de Tepic –esos empresarios y políticos realizaron un viaje a Israel. Cuando estuvieron frente al río Jordán –ahí donde San Juan Bautista bautizó a Cristo – se quitaron la ropa y aventaron al afluente. Después del chapuzón, y con el agua hasta el ombligo, se abrazaron y juraron lealtad. Así tuvieron su bautismo esos pillos, a los que hoy busca la justicia estadunidense.

No es todo: el actual Alcalde de Tijuana –Juan Manuel Gastélum Buenrostro –que actualmente busca reelegirse, también invitó a participar en la obra pública del ayuntamiento tijuanense a otro aliado de Sandoval Castañeda que arrastra acusaciones por fraude y enriquecimiento, se trata de Fred Alberto Bernal Aguirre, miembro de la cofradía de políticos y empresarios que desfalcaron al gobierno de Nayarit.

Bernal Aguirre fue director de infraestructura urbana y vial del gobierno de Nayarit, aunque también estuvo ocupado de crear múltiples empresas para acaparar la obra pública del gobierno del estado. De acuerdo con las acusaciones que existen en la Fiscalía General de la República (FGR), donde Sandoval Castañeda también es investigado por lavado de dinero y por sus presuntos nexos con el narcotráfico, ese grupo utilizó sus cargos públicos para asignar al menos 15 contratos a empresas creadas por ellos mismos y en donde aparecen como socios algunos hermanos, primos y cuñados. Según calculan, esos exfuncionarios nayaritas ganaron 121 millones 820 mil pesos en la operación de los contratos referidos.

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