Proyecta una imagen de hombre impoluto, probo y sin mancha. Él mismo pregona haber rechazado cañonazos de dólares del crimen organizado y haber pacificado dos territorios sangrientos –Tijuana y Ciudad Juárez– cuando el narcotráfico rebasó a las autoridades y convirtió esos lugares en verdaderos campos de batalla.

Sin embargo, detrás del rostro duro y firme de Julián Leyzaola Pérez –el teniente coronel retirado que aspira a ser alcalde de Tijuana por el Partido de la Revolución Democrática (PRD)– se oculta una historia negra: la de un violador de los derechos humanos que hizo de la tortura su mejor instrumento para posicionarse como combatiente de la inseguridad.

Imparable en el autoelogio, Leyzaola Pérez grita por todos lados que él pacificó Ciudad Juárez y Tijuana cuando fungió como secretario de Seguridad Pública en esos municipios. Pero la paz fue efímera: esos territorios volvieron a ser dominados por el narco y su violencia atroz. En Juárez las balaceras y secuestros van en aumento y lo mismo ocurre en Tijuana, ciudad del crimen, donde todos los días ocurren unos siete asesinatos entre grupos criminales.

La historia de torturador que carga Julián Leyzaola cobra vida ahora que el militar sinaloense busca ser alcalde de Tijuana –cuna del cártel del mismo nombre– abanderado por el PRD, institución con muy mala fama porque en el pasado reciente lanzó como candidatos a personajes vinculados con el narcotráfico y la corrupción.

La postulación de Leyzaola Pérez en Tijuana genera preocupación y no menos miedo. Y no es para menos: su historial como militar y policía está manchado por 19 recomendaciones por violación a los derechos humanos, 20 indagatorias siguen abiertas en el fuero federal y común, además de que también tiene expedientes que se revisan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Pese a sus negros antecedentes, a Leyzaola le apasiona la política. En el pasado reciente las voces de protesta se alzaron cuando el Partido Encuentro Social (PES) lo postuló como candidato a diputado federal. De inmediato las críticas se desataron: “Un torturador en el Congreso”, “no queremos a un asesino y torturador como diputado”, rezaban las consignas.

Leyzaola se retiró de la contienda. Su argumento: “Yo no sirvo para ser diputado”. Luego reveló su ambición de poder: “A mí me gusta gobernar”.

Después de su paso por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tijuana (2008-2010) fue inhabilitado por cinco años para ocupar un cargo público en Baja California.

Este castigo derivó de una denuncia que interpuso Luis Hernández Gálvez, un policía de Tijuana que –aseguró– fue torturado por el militar en 2009.

Este caso ha sido uno de los más polémicos, no obstante que Leyzaola carga con un expediente que acumula una veintena de denuncias dentro y fuera de México por violación a los derechos humanos.

Y es que el caso Hernández Gálvez formó parte de las cinco recomendaciones que organizaciones públicas de derechos humanos emitieron entre 2009 y 2011 contra Leyzaola Pérez por tortura y detenciones arbitrarias durante su paso como jefe de seguridad pública en Tijuana.

En total, esas acusaciones involucran a 37 víctimas y de ellas 29 son policías municipales a los que torturó e intentó relacionar con el cártel de Tijuana.

De acuerdo con testigos de estos hechos, la peor época para los policías de Tijuana fue la que encabezó Julián Leyzaola. Se afirma que en ese periodo ocurrieron unos 60 crímenes cuando en otros tiempos no tan lejanos la ciudad solo registraba entre tres y cuatro asesinatos.

Y lo peor de todo es que Leyzaola no acabó con la delincuencia –él pregona lo contrario– pues el crimen organizado se afincó con mayor arraigo en esa ciudad fronteriza. Lo que se le atribuye a Leyzaola es el acierto de abrirle la puerta al cártel de Sinaloa golpeando al de Tijuana.

En su denuncia ante los organismos defensores de derechos humanos, a los que recurrió para hacerse escuchar y lograr que le hicieran justicia, Hernández Gálvez expuso que, según le consta, a Julián Leyzaola no le gusta mandar a torturar a la gente. “Él personalmente lo hace”, asegura.

Y habla con conocimiento de causa: “Yo fui torturado directamente por él –dijo en su relatoría de hechos– y otras tres personas, entre ellas, el capitán Gustavo Huerta, quien en ese tiempo fungía como director de la Policía y tránsito municipal.

“En el protocolo de Estambul que me aplicaron se dieron cuenta que me causaron 85 lesiones. Ese señor (Julián Leyzaola) me brincó sobre mi cadera y me rompió una placa que tengo en la pelvis por un accidente que tuve hace años y durante tres meses no pude caminar.”

Este testimonio desgarrador, en voz de Hernández Gálvez, fue publicado también por Gloria Leticia Díaz, reportera del semanario Proceso.

Luego, la víctima narró algunos detalles sobre las prácticas de tortura que suele utilizar Leyzaola: “Le gusta usar una bolsa para asfixiar, son métodos de tortura que han sido denunciados en otros casos que después conocí”.

Hernández Gálvez no solo se ocupó de denunciar su caso: mediante una larga tarea de investigación se convirtió en una pieza clave para documentar casos de tortura, cometidos por Julián Leyzaola, que forman parte de al menos unas 20 carpetas de investigación, las cuales están vigentes tanto a nivel federal como en el estado de Baja California.

Por ejemplo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noreste han documentado que de un total de 52 denuncias por tortura, el militar que ahora pretende ser candidato del PRD a la alcaldía de Tijuana participó en unas 30 agresiones contra policías municipales.

Todos estos hechos, documentados en su totalidad, fueron denunciados en 2009 ante la CIDH. De estos casos también conoce la Corte Penal Internacional.

Lo peor en este caso es que el militar sinaloense nunca ha sido llamado a cuentas. Con este negro expediente en su haber, Leyzaola pudo ser secretario de Seguridad Pública, precandidato a diputado federal y ahora se apresta a lanzarse como abanderado del PRD a la presidencia municipal de Tijuana como si nada debiera ni temiera.

Después buscó ser asesor del gobierno de Quintana Roo en materia de seguridad, pero la sociedad lo rechazó debido a sus antecedentes.

La impunidad lo cobija, pues en el estado de Baja California las autoridades estatales no han procedido en su contra. Y la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, tampoco se ha ocupado de darle seguimiento a las denuncias que pesan en su contra.

Mediante argucias legales, Leyzaola pudo zafarse la inhabilitación para ocupar un cargo público, pero no escapó del juicio social. Después de nueve años de haber fungido como el responsable de la seguridad de ese municipio, al militar se le recuerda por sus excesos de fuerza y la práctica de la tortura; porque no pudo con la delincuencia organizada –a diferencia de lo que él pregona –, porque durante su gestión fueron asesinados 50 policías y porque, además, la Policía de Tijuana fue vetada para ser capacitada por organismos nacionales e internacionales debido a la mala fama que arrastra desde esos tiempos.

Lo cierto es que actualmente Tijuana y buena parte del estado de Baja California es un territorio en disputa por parte de los grupos del crimen organizado. Ahí todos los días se baten por la plaza los cárteles de Tijuana, Sinaloa y de Jalisco nueva generación. Todos los días ocurren crímenes. No importa si es de día o de noche. Las balaceras no paran. De ahí que otros aspirantes políticos a dirigir el estado y el municipio consideran que el principal problema es la inseguridad y para ello se diseña una estrategia de alto nivel y con el personal más capacitado –de esto hablaremos en otro momento–.

La historia no miente y existen razones para que la sociedad de Baja California, y en particular los habitantes de Tijuana, sientan miedo al ver que Julián Leyzaola maniobrar para ser el candidato del PRD a la presidencia municipal de ese municipio.

Y no es para menos. De ser este hombre alcalde, a Tijuana volverían los tiempos del miedo y del terror. Posiblemente la tortura –su práctica preferida– se institucionalice como en los tiempos de Miguel Nazar Haro y Fernando Gutiérrez Barrios en la dirección federal de seguridad, y el narcotráfico se convierta en el amo y señor del estado, como en los tiempos de Ernesto Ruffo y su hermano Claudio, quienes terminaron embriagados de poder.

Esta columna completa puede consultarse en la página de este diario www.elindependientedehidalgo.com.mx

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