Pachuca.- La reforma a la legislación fiscal que catalogará a la defraudación fiscal como delincuencia organizada, cuyo proyecto de dictamen ya fue aprobado esta semana en el Senado, generan incertidumbre jurídica a las empresas, aseguró el presidente de Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín.

Dicho dictamen todavía debe ser discutido por la primera comisión de estudios legislativos de la Cámara alta. En ese contexto, el líder empresarial recalcó que las reformas planteadas amenazan a muchas empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias puntualmente.

Añadió que México requiere un marco normativo moderno para fortalecer nuestro sistema tributario que combata eficazmente la defraudación y la evasión fiscal, sin que paguen justos por pecadores.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), alrededor de 350 mil millones de pesos es el monto anual de la evasión fiscal a través de facturas falsas.

Esa medida apuesta por combatir a las llamadas empresas facturadoras de operaciones simuladas que expiden comprobantes que permiten a quienes las adquieren deducir operaciones inexistentes.

La nueva legislación incrementará las penas en prisión a quienes incurran en ese delito.

No obstante, recalcó el presidente de Coparmex, eso puede llegar al extremo de “poner en la incertidumbre jurídica a las empresas y los contribuyentes honestos por medio de la aprobación de legislación extremadamente punitiva”, dijo.

La preocupación de ese sindicato patronal es que en el ánimo de contar con una ley que elimine a las empresas defraudadoras pudieran suscitarse injusticias. Lo anterior, al confundir a las firmas que sí realizan operaciones legales con las que recurren a las operaciones fantasma.

Eso, debido a cuestiones puramente operativas como la forma en la que se da de alta o baja en el SAT.

“Lo que es aún más grave es que podría haber contribuyentes que, sin la existencia de algún juicio, sean privados de su libertad y sentenciados penalmente. Al ser un delito catalogado como delincuencia organizada no se tendría derecho a fianza”, recalcó.

Además, declaró que existe el riesgo de que, al amparo de la Ley Federal de Extensión de Dominio, se vendan las propiedades del contribuyente de forma automática.

“Estos mecanismos crean un arma política muy poderosa contra empresas y contribuyentes que no sean bien vistos por quienes ejercen el poder”, refirió.

Además, las reformas en cuestión no deben aprobarse en “fast-track”, como se pretende, sino que deben revisarse detalladamente con la asesoría de especialistas en la materia, “con el fin de que no se acuse de delitos graves a empresas o empresarios que podrían tener operaciones presuntamente inexistentes por circunstancias involuntarias o no intencionales”.

Por lo anterior, Ricardo Rivera Barquín llamó a los legisladores a privilegiar el diálogo y cerrar los espacios a una mala interpretación de la ley, con la que los buenos contribuyentes paguen las consecuencias.

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