Foro Garantía y Protección de los Derechos de las Audiencias

El pasado miércoles, el Senado de la República organizó, junto con la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias (AMDA), un Foro sobre la Garantía y Protección de los Derechos de las Audiencias. Reflexiones en torno a la minuta de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Su objetivo fue propiciar un diálogo entre senadores, especialistas, sociedad y académicos, referente a la propuesta de modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Derechos de las Audiencias.
Adriana Solórzano Fuentes, presidenta de la AMDA, expresó de forma clara y contundente la trascendencia de estos derechos y que bien se resumen en tres puntos clave:

1) Los derechos de las audiencias atañen a la sociedad toda por el poder y cobertura de medios y la importancia de la información:
“Todas y todos somos audiencias, estamos expuestos a los mensajes de la radio y la televisión. De acuerdo con el último estudio del IFT, 96 por ciento de los mexicanos tenemos televisión, los canales de televisión abierta son los más sintonizados y el género televisivo más visto es el noticiario. Los medios radiodifundidos nos entretienen, pero también constituyen un importante vehículo por medio del cual los mexicanos accedemos a la información.”

2) Es adverso y nocivo el hecho que en nuestro país el monopolio de medios restringa la libertad de las audiencias y su derecho a recibir en contenidos pluralidad y diversidad:
“Durante décadas este servicio público ha sido controlado por unas cuantas familias que han decidido prácticamente sin ninguna intervención estatal lo que vemos y los contenidos a los que accedemos. Han privilegiado perspectivas y condenando a las sombras la voz y opiniones de múltiples sectores de la población, han comercializado en muchas ocasiones prescindiendo de las normas éticas más elementales al hacernos pasar propaganda por información, por ejemplo.

“La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en 2013 estableció protección y garantía en áreas torales vinculadas al derecho a la información. Una reforma motivada por la necesidad de dinamizar la competencia en el sector, abrió una ventana de oportunidad para avanzar en temas tan relevantes como el derecho de la población a operar emisoras comunitarias, como la necesidad de evitar la concentración en la propiedad de los medios, no solo porque se afecta el desarrollo del mercado, sino porque atenta contra la pluralidad y se corre el riesgo de la monopolización del discurso.
“Los derechos de las audiencias, reconocidos constitucionalmente gracias a la reforma de 2013 implican la protección a la libertad de expresión, esa libertad que no es propiedad de concesionarios de uso comercial, que es un derecho de todas y todos y que tiene una dimensión social que consiste en nuestro derecho a conocer diversas perspectivas, a no ser discriminados y que se nos represente de manera digna.”

3) La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es insuficiente en cuanto a la custodia y garantía de estos derechos. Antes de fortalecer su espíritu, la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo y el Senado debilitan aún más su alcance y la figura de las audiencias.

“La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se quedó corta en la garantía de estos derechos. Desde mi punto de vista, los mecanismos de exigibilidad pudieron ser más robustos, más claros, sin dejarlos tanto en las manos y discrecionalidad de los sujetos obligados, es decir, los concesionarios. No obstante, dimos varios pasos importantes, entre estos el que cada medio de comunicación radiodifundida tuviera que poner a disposición de sus audiencias a un defensor, que si bien es designado por el concesionario, debe mantener independencia de este y ambos regir su actuación por los lineamientos que en materia está obligado a publicar (como bien lo hizo) el Instituto Federal de Telecomunicaciones.”

Estos tres aspectos llevaron a la presidenta de AMDA a formular preguntas nodales para reflexionar pero sobre todo para actuar en la materia:
“¿Por qué hemos llegado al escenario que tenemos hoy en día? Una controversia constitucional del Ejecutivo federal y otra interpuesta por este Senado. ¿Por qué esta Cámara dictaminará una minuta que reforma la ley?, una ley que no se ha puesto totalmente en práctica. La supuesta falta de armonía de las disposiciones con la libertad de expresión son un pretexto, los defensores emiten recomendaciones que no son vinculatorias y de ningún modo son un mecanismo que impida la difusión de ninguna idea. ¿Cuál es la violación a la libertad de expresión cuando se requiere que se le proporcionen elementos a las audiencias para distinguir publicidad de información?, ¿por qué impedir que esos elementos estén estandarizados?, ¿es qué se quiere libertad para transmitir discursos engañosos?, ¿para timar a televidentes y radioescuchas?

¿Por qué se cuestiona la atribución del IFT en esta materia?, ¿por qué contra las mejores prácticas internacionales, se busca que los derechos de las audiencias sean facultad del Ejecutivo?”

Adriana Solórzano fortaleció estos argumentos señalando que organismos internacionales como la OCDE, reconocieron que las funciones de instancias como el Instituto Federal de Telecomunicación son fundamentales en la materia y deben reforzarse y apoyar en su misión. Por lo que hizo un llamado y exhortó en su papel de representante principal de la AMDA para que el Senado actúe “de manera responsable, congruente con el respeto a los derechos humanos y al derecho a la información de la población, atendiendo a las mejores prácticas con miras a que el Estado tome un papel activo para velar porque el servicio público de radiodifusión realmente sirva a la gente.”

A esta cita acudieron personajes clave, además de la presidenta de la AMDA, Adriana Solórzano Fuentes; el representante de la Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática, Guillermo Orozco Gómez; Jorge Bravo Torres, de la Asociación Mexicana de Derecho de la Información (AMEDI); Aleida Calleja, coordinadora de Advocacy. Observacom; Adriana Labardini, presidenta del Instituto Federal de Telecomunicaciones; Jean Claude Tron Petit, integrante del Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión; Irene Levy Mustri, presidenta de Observatel; Clara Luz Álvarez, académica de la Universidad Panamericana; Gabriela Delgado, directora de Comunicación a favor de lo mejor; Felipe López Veneroni, defensor de las audiencias de Canal 11; y las senadoras por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dolores Padierna y Angélica de la Peña; Sylvia Martínez Elizondo por el Partido Acción Nacional.

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Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM y especialista en estudios de la mujer por El Colegio de México. Periodista colaboradora en medios desde 1987. Defensora de lectores y articulista del diario Libre por Convicción Independiente de Hidalgo. Integrante del consejo editorial de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC. Docente universitaria desde 1995 en la UNAM. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2008. Integrante y cocoordinadora del grupo de investigación Género y Comunicación en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Línea de investigación y publicaciones sobre periodismo, comunicación y género.