En estos días se presenta en miles de jóvenes cierta frustración y hasta angustia y desesperación porque no fueron admitidos por las distintas universidades a las que pretendieron ingresar para continuar sus estudios de licenciatura; las cifras, aún no dadas a conocer con exactitud en este 2017, no pueden ser muy diferentes al ciclo escolar que inició en verano de 2016, donde se decía, por ejemplo, que la UNAM solo aceptó a 9 por ciento de los que solicitaron ingresar (rechazó a más de 132 mil aspirantes), la UAM solo aceptó 10 mil de 96 mil que solicitaron ingresar y el IPN 19 mil 500 de una demanda de cerca de 100 mil aspirantes. La UAEH también presenta un importante número de estudiantes rechazados, pues las solicitudes se acercan a 15 mil, pero solo recibe alrededor de 3 mil 500. Contabilizando solamente a estas cuatro universidades, tenemos una cifra superior a 300 mil estudiantes sin oportunidad de continuar sus estudios en la universidad pública. ¿Qué pasa con todos los que no pudieron ingresar a alguna universidad pública? Algunos, quienes tienen posibilidades económicas, como también lo señalaron las cifras oficiales, optan por las universidades privadas, y así hacen posible la política aplicada cada día en nuestro desgastado sistema económico: la privatización de la educación, pues también, como todo en este mundo neoliberal, se ha convertido en una mercancía, en una fuente de ganancia. Pero, ¿qué sucede con aquellos jóvenes que sus familias no tienen la posibilidad de pagarles una escuela privada? Como lo sabemos, en su gran mayoría, vienen a engrosar las filas de los ninis, porque ni estudian ni trabajan, porque también el trabajo está vetado para la mayoría de los jóvenes; el desempleo ronda a nuestra población económicamente activa, de tal forma que, según las propias cifras del Inegi, solo alrededor de 6 millones de mexicanos de 54 millones en edad de trabajar, cuentan con un empleo seguro y bien remunerado.
Considero que los gobiernos no están concientizando esta problemática, no se están midiendo sus consecuencias, siendo una de las primeras el gran desperdicio de inteligencias y con ello de productividad y de crecimiento nacional. Pero, quizá la más grave es que sin posibilidades de estudiar ni de trabajar en un empleo digno y bien remunerado, todas esas energías de miles de jóvenes se desperdician, pero lo peor: un número importante va a parar a las filas de la delincuencia, organizada o no, y a muchos la pobreza y frustración los lanzan a las drogas y al alcohol. Estamos en una sociedad enferma, donde mucho de lo mejor que tenemos, los jóvenes con sus energías y su espíritu creativo y rebelde, lo estamos echando por la borda.
Pero el problema para los jóvenes de familias humildes no empieza cuando se pretende ingresar a la universidad, inició desde su nacimiento y, el poder llegar a terminar el bachillerato, para muchos ha sido una verdadera odisea, empezando porque en sus comunidades no existen escuelas o las que hay están en pésimas condiciones y se topan con la permanente insensibilidad de las autoridades, que un día sí y otro también se niegan en los hechos a mejorar las condiciones materiales de los centros educativos, como es el caso de Hidalgo, donde pese a tener incluso recursos autorizados, hasta el día de hoy la Secretaría de Educación Pública (SEPH) mantiene su postura irracional de negar la construcción del preescolar Alfonsina Storni y de la primaria Jaime Torres Bodet en Tizayuca, porque no ha recibido la orden del secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar; asimismo, tampoco ha otorgado la clave de centro de trabajo (CCT) a la secundaria ubicada en la colonia Luz del Carmen Ocón, en Pachuca, con el mismo argumento.
En la pasada administración estatal, muchos fueron los reclamos que el movimiento antorchista hidalguense hizo a la Secretaría de Educación Pública del estado para que aplicara los recursos en construcción de aulas, laboratorios, canchas, entre otros, y pago digno a los profesores, el argumento utilizado y sobradamente sobado para mantener su negativa, fue siempre que no había recursos, argumento que jamás aceptamos y tratamos de demostrar con sus propios datos que era falso; hoy dan cuenta las autoridades de un desfalco millonario en la SEPH, mientras 60 por ciento de las instalaciones educativas tienen alguna carencia en infraestructura, pero veo con asombro que la familia que fungía casi como dueña de la SEPH y sus recursos, sigue gozando de cabal salud política.
Finalmente, ante la problemática educativa en todos los niveles en México, creo que en primer lugar lo que debemos hacer los mexicanos, y sobre todo los jóvenes que hoy se quedan sin la oportunidad de ingresar a la universidad, es unir nuestras fuerzas para exigir que se respete el derecho a la educación en México, pues si solamente seguimos contemplando cómo día a día se violenta el tercer artículo de la Constitución y no hacemos nada, la responsabilidad de una sociedad aún más ignorante, pobre, violenta y desangrada será también nuestra, no solamente de la clase gobernante.

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