¿Sabías qué dadas las circunstancias de la corrupción en nuestro país, la percepción ciudadana acusa a los procesos de los servidores públicos de haber inmunizado a los peores responsables de la política de su deber de responder y asumir las consecuencias de sus excesos u omisiones en perjuicio de la legalidad?

La Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos nos determina la ecuación de sujeción reforzada de los servidores públicos a la legalidad consistente en poner a la vista, revelar en versión pública, la declaración patrimonial, la fiscal y la de conflictos de interés, de cada servidor público un indiscutible control legal de la actitud y la aptitud de los funcionarios en activo y/o en pasivo, así surgió la ambiciosa idea de sumar otros registros en una plataforma para ofrecer a la ciudadanía, que la podrá consultar permanentemente.

Anteriormente solo mandos medios y superiores, así como los responsables del manejo de recursos, inspectores, auditores y policías, entre otros, estaban sujetos a presentar la declaración patrimonial y de intereses. Con la nueva ley se incluye a todos los servidores públicos, lo que implica que un maestro, un doctor, un investigador o cualquier persona que trabaje en un ente público bajo el régimen de salarios u honorarios estén obligados.

Una lectura cuidadosa que debemos de comentar es que evidentemente falta la instrumentación que, en una primera etapa, requiere que se precisen instituciones que se integrarán para ese propósito; la aplicación del principio de máxima publicidad de los datos contenidos en las declaraciones, respetando los derechos a la privacidad de las personas; quiénes deben presentar declaraciones y cómo deben hacerlo, determinando los formatos y reglas de conformación de las bases de datos de la plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción.
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