“Cuando el maestro se fue, él empezó a pegarnos con el palo, se rompió y así nos siguió pegando en la cabeza, en la espalda, en donde sea”; “Gritábamos y nadie venía…”; “A mi compañero lo agarró del cuello y lo estaba ahorcando”.
Tales fueron las palabras atropelladas de niños y niñas de una primaria pública de Guerrero, sus testimonios trataban de comunicar el miedo que sintieron cuando un joven universitario prestador de servicio social responsable de brindar pláticas sobre salud los agredió sin razón, en ese lapso los gritos y sobresaltos de los niños no hicieron que las autoridades tuvieran pronta presencia en el aula, aún cuando los hechos ocurrieron durante el horario escolar.
La escuela, los profesores y profesoras, las y los estudiantes son imágenes ya instaladas en la vida cotidiana de la mayor parte del país, pues según las cifras, 98.6 por ciento de niñas y niños en edad escolar está matriculado en alguna institución educativa. En periodo escolar, cada mañana se miran mochilas en la espalda, pasos apresurados y rostros de sueño inacabado que caminan rumbo a la escuela. Al ingresar a las instalaciones supone que los pequeños quedan al cuidado del personal escolar y no debe pasar nada que se pueda prevenir.
Entonces cómo explicar la aparente sordera ante los gritos de auxilio de niños y niñas que eran golpeados por el joven instructor, cómo entender la pasividad del cuerpo docente ante la agresión de sus estudiantes.
Lo ocurrido en el grupo de cuarto año de la primaria de Tlapa, Guerrero, ilustra la forma en que los adultos nos relacionamos con los niños y niñas; primero existe un ambiente donde la violencia en todas sus expresiones está incorporada en la vida diaria, pues la pérdida violenta de la vida, los ecos de disparos y la agresión en contra de los demás es un ambiente instalado incluso en las escuelas.
Segundo, los docentes al frente de un grupo no necesariamente asumen a sus pupilos de nivel básico como su responsabilidad con respecto al cuidado a su integridad, quizá en el mejor de los casos los y las docentes se limitarán a la enseñanza de los contenidos programáticos y cumplirán con su horario laboral. Aún cuando el aula es el espacio donde niños y niñas expresan lo que les afecta en casa, difícilmente los docentes se involucran para “no tener problemas”. Esta aparentemente indiferencia se entiende cuando se carecen de protocolos de actuación en las escuelas ante la vulneración de los derechos humanos de niñas y niños.
Tercero es cuestionar la labor de los comités de padres de familia en las escuelas públicas, pues se limitan a la recaudación de fondos para cubrir los costos de mantenimiento de las instalaciones y quizá del servicio de limpieza, pero poco o nada se involucran en el seguimiento y vigilancia de los procesos de enseñanza de sus hijos e hijas, ese nivel de involucramiento significaría la evaluación permanente del cuerpo docente y la valoración de los resultados, así como la aprobación de las actividades extracurriculares, por supuesto que tal acompañamiento significaría mayor tiempo y atención de los padres con sus hijos en las escuelas.
Finalmente, en nuestras sociedad, desde pequeños los niños asumen que los gritos y golpes son recursos de adultos que aplican a sus clientes favoritos, los menores de edad. Si los golpes y los gritos se asocian con los y las adultas, por tanto donde hay adultos también habrá gritos y maltrato, desafortunadamente los adultos están en todos lados, incluso en la escuela.
Los pequeños, al igual que el resto de los que habitamos este país, han elevado su nivel de tolerancia a la violencia, para el caso del Día del Niño y de la Niña, agregamos agresión cuando nos limitamos a dar un regalo; dados los hechos adultos que violentan el mundo, me parece que sería más significativo hacer caso de la permanente invitación infantil: “vamos a jugar” ¿No puede? ¿No quiere? O ¡no le importa!

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