En México, el retraso de justicia es una constante, en un sistema en el que la cadena de legalidad es compleja desde los ministerios públicos hasta los jueces, que son permeados por la poca sensibilidad. En un país donde continúa el machismo, las víctimas de violencia sexual tienen un panorama complicado, primero para que se haga justicia y luego, en caso de quedar embarazadas, para acceder a servicios con el fin de interrumpir la gestación antes de los 90 días.
En Hidalgo, los servicios de salud abren la posibilidad de atender a las mujeres, no obstante, la justicia queda de lado, ya que en la mayoría de casos las carpetas de investigación se empolvan.
Este año, el Sistema Nacional de Seguridad a nivel nacional registró para la entidad 147 denuncias por violación hasta marzo. En el récord histórico hubo 448 denuncias en 2016, el número más alto desde 2013. ¿En cuántos de esos casos hay castigos para los agresores?
Se trata de datos aproximados, ya que es un delito que tiene una de las cifras negras más altas, es decir, ilícitos que no son denunciados.

El Grupo de Información en
Reproducción Elegida (GIRE)

asesoró diversos casos para interrumpir embarazos de víctimas de violencia sexual. Yolanda Molina, abogada de esa organización y de las víctimas hidalguenses, reconoce un panorama en donde no existe justicia; la generalidad en los casos es que una vez practicada la interrupción, las autoridades abandonan las carpetas de investigación, es decir, no hay sanción para el agresor.
Desde 2016, a nivel federal, la norma regulatoria para los servicios de salud NOM 46 tuvo una reforma en la que los médicos y enfermeras pueden interrumpir el embarazo sin necesidad de que las víctimas presenten una denuncia previa, únicamente refiere a mujeres que sufrieron violencia sexual.
En entrevista, Yolanda Molina refirió que encontraron una generalidad en los casos atendidos en la entidad: cuando las mujeres acceden al servicio, las autoridades abandonan los casos; hasta el momento, ninguno de los agresores recibió el castigo correspondiente.
Como representante legal, detalló, atendieron dos casos antes de la reforma y dos después de la modificación a la norma.
Explicó que las mujeres enfrentan la dilación de justicia, ya que luego de ser víctimas de violación, el primer obstáculo es la denuncia, y es que dadas las condiciones del contexto mexicano, las mujeres son señaladas incluso como culpables.
“La denuncia es lo más difícil: una porque el sistema de por sí las desacredita o no les cree, luego porque las autoridades de justicia son las que retrasan las carpetas de investigación.”
Además, en muchos casos las víctimas desconocen que están embarazadas, lo que frena que la investigación y el servicio de interrupción sean solicitados.
“Eso no es todo, lo que sucede es que en muchos casos los agresores son personas cercanas a ellas, si no de su misma familia de su núcleo cercano, hermanos, primos, vecinos, incluso los mismos padres, además un gran número son menores de edad”, declaró la abogada.
Ejemplificó con la campaña “Mi primer acoso”, que reunió un sinnúmero de voces femeninas que relataron su primera agresión sexual, en donde un buen número de los agresores fueron familiares o profesores.
“Me queda claro que todas somos vulnerables, esa campaña lo expone, las víctimas de violencia sexual usualmente se quedan calladas, el problema es más visible cuando además de todo, quedan embarazadas.”
De acuerdo con la explicación, los agresores viven fuera de la sociedad, ya que si bien las mujeres son atendidas como víctimas, para ellos difícilmente hay castigos; incluso los marcos legales fueron reformados para proteger a las víctimas, no obstante, los responsables no son sancionados.
El panorama es el mismo en todo el país, la justicia se retrasa porque nadie persigue a los agresores y porque las víctimas son apartadas de las familias; además, en ocasiones ellas son las que menos reciben apoyo, incluso los familiares ocultan el hecho, evitando que la legalidad haga su trabajo.
En GIRE litigaron diversos casos de niñas, hasta de 10 años, que resultan embarazadas después de una violación sexual. “Los casos son muestra de lo que ellas padecen, no solo como víctimas de un acto de esta naturaleza, sino de la discriminación y descrédito de las autoridades ministeriales que ponen en tela de juicio su dicho y retrasan el acceso a los servicios legales y seguros de interrupción de embarazo, pues aunque resulte inverosímil, hay quienes consideran que una niña de esta edad debería continuar un embarazo, pese
al origen del mismo”, puntualizó la asociación.
“Frente a esto hemos presentado denuncias
por varias vías, incluyendo el amparo, porque esto debe frenarse y la ley debe estar del lado
de las víctimas”.
Otro cambio importante a la norma es el establecimiento de la edad de 12 años a partir de la cual las adolescentes pueden solicitar y acceder a los servicios de interrupción en casos de violación sin la necesidad de contar con la autorización de sus padres o tutores.
Esa modificación las reconoce como personas capaces de tomar decisiones autónomas e informadas respecto a su salud y vida reproductiva de conformidad con su grado de desarrollo físico y mental, y en atención a su interés superior y necesidades individuales.
Es importante señalar que debido a que la norma también regula acciones de prevención y detección de casos de violencia familiar y sexual, a pesar de la eliminación del requisito de la denuncia, el personal de salud continúa obligado a notificar al Ministerio Público o fiscalías sobre presuntos casos de violencia que identifique y atienda, particularmente cuando involucren a menores de 18 años al constituir posibles delitos que se persiguen de oficio.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia.
La presentación de la asociación dice: “La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad”.

1 De acuerdo con
los cambios a la NOM 46, el aborto será procedente previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la mujer que manifieste haber sido víctima de violación. “Esto necesitamos para respaldarnos como médicos”, expuso la entrevistada

2 Para difundir
los nuevos estatutos de la norma, que permite a los servicios de salud ofrecer la interrupción del embarazo en caso de violación, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser) realizó actividades para promoverlos

3 El 24 de marzo
de 2016, la NOM 46 se publicó en el Diario Oficial de la Federación con criterios para la prevención y atención, que establece la obligación de brindar la anticoncepción de emergencia y practicar el aborto en caso de violación, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación

Tania Llamas
#‎MiPrimerAcoso aunque en mi caso tendría que ser ‪#‎MiPrimerAbuso fue a los cinco años y siguió durante varios años más. En realidad lo más difícil es sanar las heridas que quedan. Tardé muchos años en darme cuenta qué es lo que había sucedido y muchos más en darme cuenta que no soy un objeto. Pasé la mayor parte de mi vida en silencio y soledad. Ahora me doy cuenta que no estoy sola, de que tengo derecho a decidir y a vivir sin miedo

“La denuncia
es lo más difícil: una porque el sistema de por sí las desacredita o no les cree, luego porque las autoridades de justicia son las que retrasan las carpetas de investigación.”

 

 

 

 

Una voz, una exigencia

Carmen, 13 años, Hidalgo, 2014

Carmen fue violada por su padrastro, quien la amenazó con hacerle daño a su madre si decía algo. Comenzó a sentirse mal, por lo que acudió en compañía de su madre al médico, quien le informó de su embarazo. Ella contó a su madre de la violación y acudieron a presentar una denuncia.
En el Ministerio Público no le informaron de su derecho a interrumpir su embarazo por ser producto de violación sexual. A pesar de ello, regresó semanas después a solicitar la interrupción legal del embarazo (ILE), pero el MP le notificó que su solicitud no procedía porque su embarazo rebasaba el límite de 90 días establecido en el código penal de Hidalgo.
GIRE acompañó a Carmen y a su familia para presentar un juicio de amparo contra la actuación del Ministerio Público, así como contra el artículo 158 del código penal del estado, por considerar que el establecimiento de un plazo para acceder a la ILE por violación es inconstitucional, pues vulnera el derecho a la salud y a la vida privada (autonomía reproductiva).
El amparo fue sobreseído, es decir, que las circunstancias lo rebasaron al considerar que por no existir un embarazo no había materia de estudio, por lo cual se presentó un recurso de revisión. Por la trascendencia del recurso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso. En mayo de 2015 se cumplió un año de la presentación de la demanda de amparo.
El lento avance del proceso penal abierto por la violación y el poco interés del Estado en casos como el de Carmen, han hecho difícil a ella y a su familia recobrar el curso normal de sus vidas.
Por esa razón, Carmen y su mamá manifestaron el deseo de cerrar cualquier proceso que les impidiera dejar esos acontecimientos atrás. GIRE, como su representante legal, tramitó el desistimiento del amparo ante la SCJN.

Carmen fue violada

por su padrastro, quien la amenazó con hacerle daño a su madre si decía algo. Comenzó a sentirse mal, por lo que acudió en compañía de su madre al médico, quien le informó de su embarazo. Ella contó a su madre de la violación y acudieron a presentar una denuncia

Carlota, 16 años, Hidalgo, 2015

Carlota buscaba interrumpir el embarazo que resultó de la violación sexual que sufrió. A partir de la experiencia del caso de Carmen, en la que se sobreseyó el juicio por haberse iniciado cuando ella ya no estaba embarazada, para el caso de Carlota decidieron cambiar de estrategia, por lo que el amparo se tramitaría de inmediato para que, a través del juez federal, pudiera obtenerse la interrupción.
Lo que buscaron en ese caso fue que el juez se pronunciara sobre la urgencia de interrumpir el embarazo como parte de una medida cautelar para proteger a la niña. Desafortunadamente el juez, en contravención al marco nacional e internacional de derechos de las mujeres y las niñas, negó la medida cautelar porque consideró que se vulneraría el “derecho a la vida del producto”.
También consideró que no había violación a derechos humanos al respecto del establecimiento en el código penal local de requisitos desproporcionados para acceder a la interrupción del embarazo producto de una violación.

 

En Hidalgo…

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) realizó cuatro procedimientos para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) luego de la reforma a la NOM 46; la reglamentación lo permite en caso de violencia sexual, informó Estela Silva Castellanos, coordinadora estatal del Programa de salud materna.
Desde agosto pasado, cuando entró en rigor la modificación, a la primera quincena de enero, realizaron cuatro prácticas para interrumpir la gestación en tres mujeres menores de 25 años y una niña de 14, quienes fueron víctimas de violencia sexual.
La especialista explicó que el código penal considera causales para esa práctica, primero, los abortos espontáneos, incompletos. Las consideraciones legales son: por violación, inseminación artificial sin consentimiento, cuando la salud de la mujer corre peligro y por malformaciones congénitas.
“La actualización nos beneficia porque antes para realizar el procedimiento, el personal médico requería del respaldo de violencia sexual mediante dictamen, esto retrasaba mucho la atención porque a veces tardaba más de 90 días, tiempo permitido de gestación para activar la interrupción.”

La SSH
realizó cuatro procedimientos para la IVE luego de la reforma a la NOM 46; la reglamentación lo permite en caso de violencia sexual, informó Estela Silva Castellanos, coordinadora estatal del Programa de salud materna.
Desde agosto pasado, cuando entró en vigor la modificación, a la primera quincena de enero, realizaron cuatro prácticas para interrumpir la gestación en tres mujeres menores de 25 años y una niña de 14, quienes fueron víctimas de violencia sexual

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