Pachuca

En un marco de garantías de protección, tanto para el procesado como para la víctima, a modo de evitar los abusos del poder, el Nuevo Sistema de Justicia Penal prescinde de las notas tradicionales del modelo inquisitivo en el que los actores, como Ministerio Público, Policía investigadora y peritos serán de suma importancia en la comprobación de los hechos.
Es en este último punto donde el papel del trabajador social cobra importancia, ya que con su labor perital busca dar credibilidad, certeza moral, social y jurídica a acontecimientos o datos relacionados con el imputado, y que el TS, dotado de elementos científicos metodológicos y prácticos suficientes, otorgará al juez para el esclarecimiento de la verdad absoluta.
Son algunas de las observaciones que hace en entrevista para “Luciérnaga” el doctor Ismael Aguillón León, catedrático en el área de trabajo social y derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
El sistema penal anterior, implantado desde 1940, evidenció agonizantemente la poca eficiencia y eficacia que las instituciones de procuración y administración de justicia habían realizado por más de 76 años.
Aunado a eso, la dinámica social mexicana de los últimos años obligó al Estado mexicano a transformar las instituciones de justicia, con la reforma constitucional en materia de seguridad pública y de justicia penal, aprobada el 18 de junio de 2008 y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nuevo modelo permite la expedición de una justicia pronta, expedita y gratuita.
Con ello, expuso Aguillón León, se evitará la dilación y corrupción por parte de la autoridad competente.
Es entonces que el quehacer perital del trabajador social recaerá en aportar y desahogar elementos recabados mediante actividades probatorias, donde se evalúa el estado socioeconómico de un individuo o grupo familiar a través de un diagnóstico, que es un tipo de procedimiento de verificación.
Sin embargo, esto podrá variar de acuerdo con los estados donde se lleve el proceso, pues en algunos basta con tener propiamente la licenciatura, como en el Estado de México; en contrapunto, entidades como la nuestra exigen un nivel de preparación más alto.
Con base en esto, el juez podrá complementar y determinar una resolución judicial, donde el trabajador social como perito docto en la materia presenta su testimonio de forma testifical o por medio de un informe, inclusive de ambas maneras.
Para ello, el TS deberá formar parte del entorno del sujeto o individuo, pues deberá recoger observaciones, visitas domiciliarias, entrevistas y toda aquella información o documento público o privado para ampliar el conocimiento del juez en lo que basa su testimonio rindiendo un informe social en donde contemple la recogida de datos y un diagnóstico social del cliente/paciente.
Como referencia, Ismael Aguillón cita una vivencia personal en un caso donde se le imputaba a un joven la portación ilegal de arma de fuego en la sierra de Hidalgo, aunque sus usos y costumbres sí permitirán esa práctica.
Para ello, la PGR solicitaba un trabajador social con licenciatura y maestría, además de conocimientos en derecho, pues el sujeto ya había sido remitido a las autoridades pertinentes y el juez ordenó el levantamiento de pruebas para desahogo de cargos.
En esto, Ismael, en el papel de TS, determinó la parte laboral, familiar y socioeconómica del joven, quien aparentemente no contaba con estudios medios ni conocimiento de las reglas de portación de armas de fuego.
Al concluir el proceso pericial y posteriormente penal, el acusado salió libre sin cargos o registros en expediente; cosa que con el sistema anterior hubiera resultado imposible, refiere Ismael Aguillón.
“Nuestra labor consiste en ejecutar una mirada más allá de lo técnico- jurídico, debemos ser más humanos, incluyendo los derechos humanos, y por supuesto, un enfoque social” expresó Aguillón.

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