Tras desafuero, MP deberá descartar persecusión política contra funcionarios

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El fuero es un sinónimo de impunidad: iniciativa del Poder Ejecutivo

Pachuca

El Ministerio Público deberá realizar las investigaciones pertinentes para asegurarse que las denuncias o procesos penales instaurados en contra de servidores públicos no respondan a censura, venganza o persecución política, señala la iniciativa del Poder Ejecutivo para eliminar el fuero.
La propuesta que analiza el Congreso local reforma los artículos 34; 52 fracción IV; 153 párrafos primero y segundo; adiciona el artículo 153 tercer párrafo; y deroga los artículos 56 fracción XXVII; y 150 párrafo segundo de la Constitución del estado.
Los transitorios establecen que se deberán realizar las reformas correspondientes a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica del Poder Legislativo a más tardar en 90 días después de la entrada en vigor del decreto.

Reforma: ¿a quiénes
quitarán fuero?

La iniciativa reforma el artículo 153: Ninguna persona gozará de fuero o inmunidad procesal que le otorgue privilegios o prerrogativas en materia jurídica.
La responsabilidad de cualquier servidor público por delitos del orden común será exigible conforme a la legislación penal aplicable a nivel local, sin requerir declaración de procedencia o trámite adicional alguno, al procurar la igualdad en la aplicación de la ley y garantizar el acceso a la justicia imparcial para todas las personas.
El Ministerio Público deberá realizar las investigaciones pertinentes para asegurarse que las denuncias o procesos penales instaurados en contra de alguna de las personas que ocupan cargos públicos de los enunciados en el artículo 149 y el primer párrafo del artículo 150 no respondan a censura, venganza o persecución política, de acuerdo con el texto de la reforma.
El artículo 149 detalla: “para los efectos de la responsabilidad se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, a los presidentes municipales, a los funcionarios y empleados, así como a los servidores del Instituto Estatal Electoral”.
Y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal y municipal y a todos aquellos que manejen o apliquen recursos económicos estatales o municipales.
Quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, asimismo dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos y la deuda pública.
El gobernador del estado, los diputados locales, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los consejeros del consejo de la judicatura, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos autónomos serán responsables por violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Argumentación

La iniciativa elimina la inmunidad procesal o fuero constitucional del que gozan determinados servidores públicos estatales y municipales para que sean responsables por los delitos que cometan en condiciones de igualdad, argumenta el documento.
La prerrogativa que se otorga a determinadas personas por motivo del cargo público que ostentan para obtener un trato diferenciado frente a la acción del sistema de justicia penal, violenta el principio básico de igualdad, así como los derechos humanos de acceso a la justicia y el debido proceso, indica.
“El fuero es un sinónimo de impunidad que es utilizado por muchos servidores públicos para cometer toda clase de delitos, actos de prepotencia, hechos de corrupción o abuso escudándose en la protección que les otorga la Constitución para evitar enfrentar la acción de la justicia.”
De acuerdo con la Constitución Política de Hidalgo, para que uno de los servidores públicos pueda ser vinculado a proceso por la comisión de un ilícito en materia penal, se requiere la declaración de procedencia por parte del Congreso.
“Dicho proceso tiene por objeto retirar del cargo a la persona acusada sin resolver sobre los fundamentos de la imputación, lo que impide el acceso equitativo a la justicia penal y continúa alimentando los altos índices de impunidad en la entidad.
“Desterrar todas las prerrogativas que se desprenden de la inmunidad procesal y asegurar la construcción de un pleno estado de derecho se constituyen como un compromiso de mi gobierno para contribuir a lograr un ambiente más equitativo”, refiere el documento.

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Víctor Valera
Egresado de la UAEH, reportero en Hidalgo desde 2007. Cuando inició a reportear en diarios locales, cubrió organizaciones campesinas y protestas sociales. Actualmente cubre la fuente política y Congreso local. [email protected]