Pachuca.- Algunos pobladores de San Gabriel Azteca, en Zempoala, dieron a conocer un documento en el que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo (Copriseh) informó que no participó en el cambio de lugar del cementerio ni en el proceso de traslado de restos, luego que otros habitantes reubicaran las tumbas localizadas en el camposanto oficial de la localidad a un nuevo panteón a las afueras del pueblo.
De acuerdo con la información, algunos pobladores denunciaron la exhumación arbitraria de cadáveres del panteón municipal y la violación al patrimonio histórico, ya que fueron destruidas tumbas que databan de 1812.
Hasta el momento, la población que realizó el procedimiento no ha mostrado la documentación para acreditar las obras en las que también interviene el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ya que además de la remoción del panteón alteraron la imagen de una iglesia considerada como patrimonio histórico, así como otras labores que fueron realizadas sin la debida asesoría.
En 2018, trabajadores del lugar sacaron las osamentas de las tumbas y las cambiaron de sitio; los denunciantes reportaron 66 cuerpos desaparecidos, pues explicaron que cuando acudieron a observar las obras que estaban realizándose en el cementerio, notaron que sus familiares ya no estaban.
Además, denunciaron que los restos estuvieron expuestos más de una semana. “Nos dijeron que ya tenían permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pero nunca lo vimos, lo mismo con lo del INAH”.
En ese sentido, presentaron un documento dirigido a la titular de la Copriseh Rosa Gabriela Ceballos, que fue recibido el 22 de mayo y en el que narraron los principales hechos registrados en dicha localidad.
El 23 del mismo mes, la comisión dio respuesta: “No ha lugar de conformidad lo solicitado por los promoventes toda vez que derivado de la manifestación que vierten los vecinos denunciantes, esta autoridad no cuenta con facultades o atribuciones para materializar la petición referente a la destrucción de las tumbas (sic)”.
Les fue explicado que la dependencia no atiende ese tipo de peticiones y en caso de exhumaciones solo intervienen por orden de la procuraduría de justicia y tras seis años de la sepultura. Es decir, esa institución no entregó el permiso que argumentaron los vecinos para mover las osamentas.
Además, la tierra extraída aún con restos humanos fue repartida en varias partes del municipio como tierra de abono, según declararon los denunciantes, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades para revertir los daños y sancionar a los responsables, ya que desconocen el impacto a la salud que esa acción conlleva.
De acuerdo con las leyes vigentes sobre exhumación de cuerpos, es necesario un permiso para llevar a cabo esa acción y también se necesita el respaldo de las autoridades sanitarias, pues cada cuerpo requiere de su acta de defunción y el documento de su lugar de destino.

Comentarios