Para nadie es un secreto que los ayuntamientos son los eslabones más débiles de la administración pública y peor aún cuando se coloca al frente, por decisión partidista o elección ciudadana, a personajes inexpertos en el manejo de los recursos públicos. Y como ejemplo tenemos varios en Hidalgo y en el país por supuesto, pero en este espacio mencionaremos solo tres que por su magnitud están en el ojo de la justicia local: Mineral de la Reforma, Santiago de Anaya y Xochiatipan, los dos últimos, como nos informa el reportero José Manuel Martínez en la nota de hoy, inmunes hasta el momento al requerimiento de la PGJEH. Pero sin duda el pez gordo, por el alcance de irregularidades detectadas y por tratarse de un municipio metropolitano, es el del priista Filiberto Hernández Monzalvo, administrador de la alcaldía de Mineral de la Reforma. Por mencionar uno de los múltiples yerros, el gobierno de Monzalvo fue señalado en febrero de 2015 por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo como el municipio con más observaciones, en su cuenta pública 2013, por un monto de 14 millones 791 mil pesos. Otra de las anomalías que se desprenden de la actual administración mineralense es la millonaria deuda para adquirir los terrenos donde pretendía albergar la feria anual sin que exista certeza pública sobre la propiedad de los predios. Y para cerrar, sin dejar de señalar las aterradoras condiciones de calles y avenidas, inseguridad y opacidad en el manejo del presupuesto, la deuda de 3.2 millones de pesos a cinco empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que deberá pagar antes de que concluya el presente mes, de acuerdo con el emplazamiento hecho por el propio organismo. Habrá que seguir con particular atención el actuar de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en ese caso, pues al parecer de la alcaldía, localizada en la pintoresca localidad de Pachuquilla, emana un tufo a impunidad. En lo que respecta al no menos importante asunto de Santiago de Anaya, el alcalde Fidencio Gachuz enfrenta dos denuncias penales por el presunto delito de peculado por un monto que supera los 8 millones de pesos. Mientras que en Xochiatipan su homólogo Pedro Bustos, ambos emanados del PRI, la cifra comprometida es de 3 millones 183 mil pesos. De filón. La nueva norma de verificación vehicular para estados integrados en la megalópolis no termina de cuajar. A dos días de la entrada en vigor, verificentros de Pachuca  siguen sin operar debido a que no poseen los equipos necesarios para realizar ese procedimiento, mientras que otros de plano bajaron la cortina. Lo peor y más grave del tema es que al parecer la Secretaría de Medio Ambiente estatal ha colocado un bozal a los operadores del de por sí intrincado sistema.

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