Tribunal y registro del estado familiar, obligados a atender fallo de SCJN

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San Salvador, Tribunal Electoral de Hidalgo

Pachuca

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, debe ser respetada por el tribunal estatal y las oficinas del registro del estado familiar.
En la postura del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH), su secretario general Sabás García González refirió que el Poder Judicial en la entidad es totalmente respetuoso de las decisiones de la SCJN, ya que no pueden aplicarse artículos que contravienen a la constitución.
Expuso que ellos como tribunal tendrán que atender, en caso de ser necesario, alguna situación que se presente entre un matrimonio igualitario en lo que concierne a su competencia, como es el caso de un divorcio, esto pese a que en estos momentos esa figura no se contempla en la ley.
Mientras que la decisión de los matrimonios la determinarán las oficinas del registro del estado familiar de cada ayuntamiento con base al fallo de la SCJN.
Al cuestionarle si el tribunal podría exhortar al Congreso local para reformar los artículos que recaen en discriminación hacia las parejas del mismo sexo, el funcionario indicó que el tribunal no está en la postura de hacer algún exhorto al Congreso local para hacer las reformas.

Yo estimo que el Congreso, atendiendo a la resolución de la Suprema Corte, lo va a hacer. No podemos seguir ateniéndonos a la ley para la familia como está en estos momentos y obviamente el Congreso tendrá que tomar una decisión, incluso no necesita que alguien le haga un exhorto

, abundó.
A su vez, el integrante del TSJH consideró que no debió llegar hasta esas instancias en que la SCJN considerara inconstitucional dichos artículos de la ley o la aplicación de amparos para que las personas del mismo sexo tuvieran la oportunidad de contraer nupcias.
El miércoles, la SCJN determinó que los artículos octavo, 11 y 143 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo son inconstitucionales y discriminatorios, ya que en su redacción solo contemplan a parejas que tengan la intención de tener hijos, lo cual descarta la presencia de la diversidad sexual y contraviene la constitución y los tratados internacionales.

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