editorial

El 29 de enero de 2012 cerca de 200 familias fueron desalojadas de sus viviendas en la popular colonia Abril, al poniente de Pachuca. Los afectados resultaron ser víctimas de una presunta triquiñuela fraguada por la exlideresa de la Unidad de la Fuerza Indígena Campesina (UFIC) en la capital hidalguense Edith Ibarra. El procedimiento, según justificó en su momento el entonces gobernador Francisco Olvera, fue con base en una orden judicial en favor de un particular. Olvera argumentó que el terreno fue invadido y lotificado por integrantes de la UFIC, brazo político del Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezado por Edith Ibarra, quien fue aprehendida un día antes del desalojo. En agosto de 2015 los exiliados acudieron al Congreso estatal para solicitar la comparecencia del otrora secretario de Gobierno Salvador Elguero y del presidente del Tribunal Superior de Justicia Juan Manuel Menes, para que explicaran por qué el Ejecutivo no aceptó una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo que ordenaba indemnizar a las víctimas del desalojo. Cuatro años después Edith Ibarra sigue presa por la supuesta venta de terrenos irregulares, mientras que la indemnización ordenada por el órgano garante quedó en un risible llamado a misa. Ayer, vecinos de la localidad La Cañada, perteneciente a Tizayuca, se manifestaron en la sede del Poder Ejecutivo estatal para solicitar apoyo por el supuesto fraude, otro, de la UFIC en contubernio con liderazgos del PRD. Tras haber pagado 10 mil pesos para acceder a viviendas, supuestamente propiedad del sol azteca, las familias fueron notificadas de que los inmuebles en realidad pertenecen a una financiera que amaga con desalojarlos. Afortunadamente la conciencia y el diálogo prevalecen en este caso, al menos entre banqueros y habitantes, quienes podrán quedarse con las casas con la condición de pagar la cantidad de 700 mil pesos. Esta película ya la vimos. En mayo de 2013 las víctimas de la colonia Abril pidieron apoyo al gobierno de Francisco Olvera frente a la voracidad de la UFIC, ser escuchadas al menos, por supuesto la petición no tuvo eco. Pero más allá de la convicción fraudulenta de ciertas organizaciones, la traición que representa la complicidad del PRD hacia la ciudadanía en este tipo de casos resulta insultante. Ojalá que en La Cañada no corran la misma suerte que los engañados vecinos de la colonia Abril y que los partidos farsantes obtengan el castigo del pueblo. De filón. Incrementaron este año las muertes maternas en Hidalgo, un escenario que por su magnitud debería quitarle el sueño al joven secretario Marco Escamilla Acosta.

Comentarios