Tras varios días de negociaciones finalmente no hubo acuerdo entre las autoridades universitarias y los sindicatos de Personal Académico (SPAUAEH) y Único de Trabajadores y Empleados (SUTEUAEH) de la máxima casa de estudios. Después de las 12 horas de ayer se colocaron las banderas rojinegras en todas las sedes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), lo que movilizó también a miles de académicos y trabajadores que harán guardias para salvaguardar su derecho y también el patrimonio de la casa de estudios. El rector Adolfo Pontigo Loyola y los dirigentes de ambos sindicatos coincidieron en que se hicieron esfuerzos para llegar a un acuerdo pero no hubo interés del gobierno estatal, que tiene un papel activo en las negociaciones dado que una de sus obligaciones es promover y atender, no solo la educación básica, sino la educación superior. La fracción quinta del artículo tercero constitución establece: “Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado (federación, estados y municipios) promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y superior– necesarios para el desarrollo de la nación; apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”. Por ese mandamiento constitucional, el gobierno de Hidalgo no puede seguir con su postura esquiva en los asuntos que conciernen a la UAEH. Lo anterior porque ayer el secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar expresó en conferencia de prensa (en la que no se permitieron preguntas) que el gobierno estatal solamente conminaba a las autoridades universitarias a que “con voluntad y espíritu conciliatorio” resolvieran el conflicto con sus trabajadores. Como si no supiera que hay una parte del pliego petitorio que es atendido por las autoridades universitarias, pero que hay otra que corresponde al gobierno estatal, como parte del mandato constitucional antes referido. Sin embargo, aún hay tiempo para que las autoridades, tanto universitarias como estatales, se sienten en la mesa, dialoguen y acuerden lo que más convenga a la casa de estudios universitaria, a sus trabajadores y a sus alumnos. De filón. Los casos de intolerancia religiosa en nuestro estado no se detienen. En Huejutla cinco evangélicos fueron retenidos el pasado sábado por habitantes de las localidades de Rancho Nuevo y Camila. Católicos los acusaron de organizar eventos religiosos, básicamente, sin su permiso. ¿Y las autoridades encargadas de garantizar la libertad de culto?

Comentarios