Afortunadamente en nuestro país podemos presumir que impera la división de poderes, lo cual trae beneficios prácticos, que se pueden traducir en una mejor calidad de vida para la ciudadanía. Un ejemplo de esto lo podemos observar en la resolución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que, a través del juez tercero de distrito de Pachuca, ordenó a la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) responder a la empresa Uber el motivo por el que no permite que opere en el estado, ya que la ley no lo prohíbe de manera explícita. El criterio del juez, en términos llanos, pondera la máxima de que aquello que no está prohibido está permitido. Y esto, para fortuna de los usuarios, abre la puerta para que mejore la prestación de servicios de transporte en la entidad. Hasta antes de la resolución, el gobierno estatal, a través de la Semot, había asumido una postura inflexible respecto a la posibilidad de que operen compañías de prestación del servicio de transporte mediante aplicaciones electrónicas. El argumento que esgrimió el gobierno estatal para tal efecto es que, al impedir que lleguen competidores como Uber o Cabify, se protegería el trabajo de choferes locales. Lo anterior, para perjuicio de los usuarios que siguen sin saber lo que es gozar de un servicio notablemente mejor al que prestan los concesionarios locales y los choferes que éstos contratan. De esa forma, gracias al poder judicial, existe posibilidad de que el mercado se abra, como sucede ya en varios países del orbe. De filón. Otra muy buena nueva: resulta que ayer el procurador de justicia de Hidalgo Raúl Arroyo González dio a conocer que fueron vinculadas a proceso las dos personas detenidas por el asesinato de Lorena, hecho que cimbró a la sociedad pachuqueña hace apenas unas tres semanas.

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