El pasado 13 de octubre se aprobó por el pleno del Senado de la República la iniciativa en materia laboral que envió el presidente de México Enrique Peña Nieto, en la cual se pretende reformar y adicionar disposiciones en los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para desaparecer la Junta de Conciliación y Arbitraje y pasar esa responsabilidad al Poder Judicial de la Federación. Dicha iniciativa ya se turnó a la Cámara de Diputados y se encuentra en proceso de análisis.
Ahora, la primera pregunta es ¿este tema era necesario? La respuesta es sí, ya que esas juntas ya tenían un alto grado de corrupción y prácticas, no solo autoritarias, sino además contra las y los trabajadores que eran los menos representados. Aunado a lo anterior, las juntas de Conciliación y Arbitraje dependían del Ejecutivo, por lo que se utilizaron para tener el control de los trabajadores y para que el gobierno y los empresarios tuvieran ventajas en las negociaciones frente al empleado.
Entonces, esta transformación tiene como intención: fortalecer la función conciliatoria en los asuntos del trabajo por medio de tribunales especializados en materia laboral autónomos al Poder Ejecutivo; reconformar las funciones de registro de las organizaciones sindicales y de los contratos colectivos de trabajo como competencia federal; garantizar la libertad de negociación colectiva, la expresión personal, la libre y secreta voluntad de las y los trabajadores para la elección de sus dirigentes, su participación en los procesos de suscripción y registro de contratos colectivos de trabajo y la resolución de conflictos entre sindicatos. Todos, temas urgentes en la vida laboral en México.
Por tanto, el Poder Legislativo debe otorgar las competencias necesarias al Poder Judicial de la Federación para conocer y resolver las controversias en materia laboral de manera autónoma al Poder Ejecutivo, y ese es el mayor reto, pues desafortunadamente, el Poder Judicial a lo largo de la historia de México ha dejado ver falta de autonomía respeto al Ejecutivo en temas prioritarios, pero son temas que solo el futuro me dará o no la razón, pues habrá abogados, amigos míos, que me dirían que esto no es tan fácil, pues actualmente los jueces pasan por procesos de selección rigurosos que buscan que lleguen los mejores y más preparados.
Pero, sin pensar en el futuro, de inicio esta reforma me parece muy positiva, pues las juntas de Conciliación y Arbitraje ya no funcionaban, ni resolvían problemas a favor de las y los trabajadores. Sin embargo, hay un tema que no podemos olvidar: ¿Qué derechos va a defender el Poder Judicial con la reforma laboral que se aprobó al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto?
Es interesante este cuestionamiento, pues hay que recordar que el presidente a principios de su mandato concretó una reforma laboral muy importante, en donde legalizó los contratos por tiempos definidos, con ello defendiendo a las empresas privadas para que cuando éstas ya no quisieran (o ya no necesitaran) a trabajadores, pues su producción bajara o por otras razones, éstas pudieran despedirlos, y así no perjudicar sus ganancias (no importa ya el trabajador). Pero además, esta ley también permitió la subcontratación (outsourcing), es decir, una empresa contrata a otra para hacerse de los empleos que necesita, de tal forma que la empresa a la que en realidad se le trabaje se evite derechos, antigüedad, prestaciones.
Por tanto, ya están dadas las condiciones para que tribunales autónomos del Poder Ejecutivo puedan garantizar los derechos de las y los empresarios, pues las actuales leyes favorecen en gran medida a ellos y no a los empleados, por tanto, ¿qué y a quién va a defender el Poder Judicial en materia laboral? Pero además, como se sabe y lo hemos visto en el actual Poder Judicial, gana quien puede contratar un buen abogado. Así que me pregunto, si con esta nueva reforma laboral ahora sí podrán ganar los trabajadores, ¿usted qué piensa?

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