El maestro emérito de la UNAM Raúl Carrancá y Rivas fue claro al referirse al decreto 228 que aprobaron los diputados locales el pasado 5 de octubre y que tiene por objetivo, según el comunicado oficial del Congreso estatal: “garantizar el adecuado manejo de los recursos y financiamiento público (de) seis organismos públicos descentralizados de la administración pública gubernamental del estado de Hidalgo”; esto mediante “órganos internos de control que contarán con total autonomía de los organismos que auditan”. De acuerdo con el abogado Carrancá, cuya postura fue difundida este fin de semana a través de redes sociales, la reforma que avalaron los legisladores hidalguenses “implica una intromisión abierta y descarada como consecuencia de un poder como el Legislativo en el ámbito y espacio de una casa de estudios a la que la misma Constitución le da autonomía”. Al experto en leyes le parece extraño que los diputados locales hayan ignorado y violado el artículo tercero constitucional con la reforma citada. La propia casa de estudios también manifestó su postura ayer y secunda la opinión de Carrancá respecto a la violación del artículo tercero, “que faculta a las instituciones de educación superior la responsabilidad de gobernarse a sí mismas para educar, investigar y difundir la cultura”, pero sobre todo para administrar su patrimonio. Con la reforma indirecta a la Ley Orgánica de la UAEH, argumenta la institución, los legisladores se apropian de la facultad de designar al titular del órgano interno de control, “quien además de sustituir al contralor de la UAEH, inadmisiblemente tendría facultades para intervenir en las funciones sustantivas y adjetivas de la institución”. ¿Qué hay atrás de este súbito interés en la vida interna de la casa de estudios? ¿La rendición de cuentas? Este argumento languidece cuando tenemos que la Autónoma ya es auditada por organismos externos como la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, el IMSS, el Infonavit, y auditores externos de la iniciativa privada. Esta acción más bien responde a que a alguien no le gusta que la Autónoma se gobierne y obtenga resultados positivos que están muy lejos de lo que han alcanzado otras instituciones públicas. No obstante las cosas seguramente no se quedarán así. Se anticipa una intensa lucha a través de los cauces legales existentes, con el respaldo de expertos como el abogado Carrancá y Rivas. De filón. Deberían prenderse los focos rojos después de enterarnos que en los primeros 12 meses de la actual administración las carpetas de investigación por homicidios dolosos crecieron 105.43 por ciento con respecto al primer año de gobierno de Francisco Olvera Ruíz, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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