Mientras en el país varios millones de personas sobreviven en la más absoluta miseria y carencia como ocurre en varios municipios de Hidalgo a pesar de que las autoridades “maquillen” las cifras para ocultarlo, los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral (antes IFE) ya planean cómo repartirse más de 25 mil millones de pesos para las elecciones presidenciales de 2018.
De esa millonaria bolsa de dineros públicos, es decir, producto de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos (misma que falta sea aprobada y autorizada por el Congreso de la Unión en el próximo periodo ordinario de sesiones), al Instituto Nacional Electoral (INE) le tocarían 18 mil 256 millones para el gasto operativo del instituto, que en otras palabras es para el pago de sueldos y salarios de trabajadores y funcionarios, viáticos, compra de materiales, etcétera, y 6 mil 788 millones para el financiamiento a los partidos políticos y candidatos independientes.
Hace unos días, el mismo presidente del consejo general del INE Lorenzo Córdova reconoció que se trata del presupuesto “más alto de la historia que el Estado mexicano destinará a financiar la política”.
De tal manera que el 2018 será de abundancia económica para los partidos políticos, los cuales recibirán alrededor de 12 mil millones de pesos para gastarlos en el proceso electoral federal, en el que además de renovarse la presidencia de la República y el Congreso de la Unión, habrá elecciones en 30 entidades federativas: En nueve de ellas se renovarán las gubernaturas, en 27 los congresos locales y en 26 también los ayuntamientos.
Hipócritamente los partidos políticos censuran el millonario gasto que se destinará para el financiamiento de ellos mismos, sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en modificar la Constitución para introducir la fórmula para el financiamiento de los institutos políticos, es decir, ante la sociedad y medios de comunicación se desgarran las vestiduras por alto gasto, pero antes lo aprobaron a través de una reforma constitucional.
De acuerdo con la legislación vigente, 30 por ciento de la millonaria bolsa de dinero será distribuido entre los partidos de forma igualitaria y el restante se distribuirá en función del porcentaje de votos que obtuvieron en la elección de diputados inmediata anterior.
En caso de que el Congreso de la Unión apruebe la propuesta de financiamiento, el PRI recibirá mil 689 millones de pesos, mientras que al PAN le asignarán mil 281 millones, con lo que serán los dos únicos partidos que obtendrán más de mil millones de pesos.
Mientras, el PRD contará con 773 millones, Morena recibirá 650 millones. En el caso del Partido Verde Ecologista se le otorgarán 578 millones, a Movimiento Ciudadano, 537 millones; a Nueva Alianza, 419 millones; a Encuentro Social, 398 millones, y al PT, 376 millones. Para las candidaturas independientes habrá un presupuesto de 42 millones 963 mil 332 pesos.
Frente a esta danza de millones de pesos para la “democracia”, siendo México un país con más del 50 por ciento de su población en situación de pobreza, con severos problemas de financiamiento en materia de educación, salud, seguridad social, infraestructura básica en muchas regiones del país, surgen varias interrogantes:
¿Por qué gastar tanto dinero en una “simulación” de democracia? ¿De qué sirve invertir tanto dinero en un proceso electoral atiborrado de triquiñuelas, de compra de voluntades y de trampas que ahuyenta a los electores de las urnas? ¿Para qué invertir en elegir a gobernantes que a la postre resultan tener nexos o de plano ser socios del crimen organizado?
En lo personal considero que los ciudadanos debemos poner un alto al “dispendio” presupuestal que hacen los partidos político y el árbitro electoral, mismo que cada vez se aleja de la imparcialidad para el que fue creado a fin de garantizar se respete el voto de los ciudadanos y no para defender los intereses de los partidos políticos y en especial del partido que hoy detenta la presidencia de la República.
Dada la condición de pobreza en la que vive más de la mitad de los mexicanos actualmente gracias a las “sesudas” reformas estructurales, a la voracidad e incapacidad de los gobernantes, el gasto para la simulación de la democracia mexicana, resulta para los ciudadano una reverenda mentada de madre y una patada en la entrepierna lo que se gastará en el proceso electoral de 2018.

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