No es un secreto que las alcaldías son las más vulnerables en el entramado de la administración pública de nuestro país. Son las más castigadas respecto a sus presupuestos. La mayoría tiene sus arcas municipales comprometidas para salir del paso con el gasto corriente, es decir, con el pago de salarios para sus trabajadores y lo que implica la operación de la burocracia. Muy poco les queda para invertir en obras, en proyectos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Pero si la situación de los ayuntamientos es precaria, podría ponerse peor. Sucede que luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) ordenó a la alcaldía de Cuautepec otorgar una remuneración económica por el desempeño de sus funciones a nueve delegados y subdelegados de la demarcación, en otros municipios sus homólogos ya se dieron cuenta de cuál es el caminito jurídico a seguir para lograr los mismos beneficios. Eso anticipa que, si el TEEH sigue dando la razón a representantes, estaríamos ante una nueva agravante de la ya de por sí crítica situación de las alcaldías. El caso Pachuca es sintomático, pues en la administración encabezada por la panista Yolanda Tellería no hubo un solo año en que no estuviera contra la pared, tanto por la presión del sindicato municipal como por la falta de presupuesto para reconstruir las calles de la capital, que hoy mismo se encuentran en estado ruinoso. El TEEH abrió la Caja de Pandora de los municipios y quienes se verán mayormente perjudicados será la ciudadanía que tendrá que adaptarse a vivir con ayuntamientos amarrados de manos y precarias finanzas públicas. De filón. El coordinador de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de Hidalgo Ricardo Baptista González le puso nombre al sospechoso número uno respecto a la desestabilización de las oficinas del gobierno federal: Simón Vargas Aguilar.

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