Urge Coparmex combatir “alarmantes” niveles de inseguridad

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Pachuca.- La inseguridad ha llegado a niveles alarmantes y la criminalidad es rampante, externó el presidente de Coparmex Hidalgo Ricardo Rivera Barquín, quien, además, urgió intensificar su combate en todo el país.

En el marco de la transición política hizo un llamado al gobierno del presidente Peña para que reconozca que sigue siendo el principal responsable de mitigar esta crisis.

Como prueba del preocupante panorama que impera en el país, el dirigente mencionó que tan solo hace un mes el joven empresario Uriel Ulberto Loya Deister, presidente de Coparmex Parral, Chihuahua, fue asesinado.

La tragedia, continuó, volvió a tocar a Coparmex ese fin de semana cuando el empresario y exalcalde suplente de Acapulco César Zambrano Pérez fue privado de la vida.

“Ambos cobardes crímenes permanecen impunes y representan un ejemplo de lo que nuestro México, corroído por la impunidad y la falta de Estado de Derecho, debe enfrentar día a día”, recalcó.

Tan solo en lo que va de enero a septiembre de 2018, se tienen registrados 21 mil 383 homicidios dolosos. Al paso que vamos, 2018 será el año más violento en la historia de nuestro país, superando a 2017.

Esto equivale a más de 78 homicidios al día, con una tasa de 25 homicidios por 100 mil habitantes, cifra que no veíamos desde la década de 1960 y mayor al doble que la observada hace 10 años.

Según el instrumento para el registro, clasificación y reporte de delitos y las victimas, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) , con corte al 30 de septiembre de 2018, se reportaron 5.10 homicidios dolosos por cada 10 mil habitantes.

Por lo que recalcó que la situación ha empeorado consistentemente en los últimos años.

Específicamente a partir de 2014, las cifras se incrementaron en más de 63 por ciento hasta finales de 2017 y se estima al menos 10 por ciento de incremento para el cierre de 2018.

“La realidad que dibujan varias encuestas dadas a conocer esta semana por el Inegi confirman que la situación de inseguridad de nuestro país exige atención inmediata”, subrayó el líder empresarial.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización a Empresas, cada año una tercera parte de las empresas fueron víctimas del delito.

Esos crímenes, principalmente robo, extorsión y corrupción, causaron un costo promedio de 66 mil pesos para cada empresa victimizada y con un costo total de 155.8 mil millones de pesos, es decir, 0.86 por ciento del PIB. Ese es el cuarto año consecutivo en el que el Inegi reporta tasas de victimización empresarial superiores al 33 por ciento.

Según la encuesta, realizada por el Inegi, la tasa de víctimas de delitos en 2017 fue de 2 mil 705 por cada 10 mil unidades económicas.

Los dos delitos más frecuentes en Hidalgo fueron los actos de corrupción y el robo hormiga.

El costo promedio del delito en el estado en 2017 fue de 62 mil 217 pesos, cantidad por debajo del promedio nacional.

Los datos también revelan que 26.9 por ciento de las empresas formales manifestaron sentirse afectadas por el comercio informal.

“En Coparmex Hidalgo tenemos la absoluta convicción de que la única forma de reducir esas alarmantes cifras de criminalidad es creando un Estado mexicano con capacidad de impartir justicia expedita y efectiva en los tres niveles de gobierno”, indicó.

Las cifras dadas a conocer por el Inegi en su Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal dan cuenta de ello. Durante 2017, 145 mil causas penales ingresaron a los juzgados en materia penal de primera instancia. De esas, solo se concluyeron un total de 114 mil, y al 31 de diciembre de 2017 todavía había en trámite 225 mil, cifra que incluye asuntos rezagados de años anteriores.

Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018, elaborado por el Inegi, en 2017, en Hidalgo se iniciaron 129.3 averiguaciones previas y carpetas de investigación en el Ministerio Público.

El sistema penitenciario, que en años recientes ha sufrido grandes transformaciones legislativas con el fin de repensar la función social de las penas de cárcel, tiene enormes áreas de oportunidad en cuanto a alternativas reales de readaptación y eficacia de la justicia penal, abundó.

“El modelo en su conjunto exige un replanteamiento de la reinserción desde el punto de vista de los derechos humanos; se requiere urgentemente el fortalecimiento de las instituciones que puedan prevenir, perseguir, combatir y castigar la violencia que vive el país”, recalcó el dirigente.

Destacó también la urgencia de que se desarrollen estrategias de prevención del crimen, profesionalizar e incrementar el estado de fuerza de los cuerpos de seguridad y ministerios públicos, rediseñar la arquitectura institucional relacionada con la seguridad pública, y avanzar en la consolidación de una fiscalía autónoma para combatir la impunidad.

“Una parte crítica de esa reingeniería deber ser deslindar a la Secretaría de Gobernación de las tareas de seguridad pública y reinstaurar la Secretaría de Seguridad Pública”, puntualizó a nombre de sus representados.

“Sin embargo, y a pesar de que se tiene claridad sobre las medidas que deben tomarse desde hace tiempo, lo cierto es que estas simplemente no se llevan a cabo”, dijo.

En ese contexto, Rivera Barquín urgió a que el gobierno del presidente Peña Nieto, aún en funciones, tome medidas urgentes para controlar la ola de criminalidad que ataca a México.

“El presidente de la República no debe bajar la cortina antes de tiempo y dejar la responsabilidad al gobierno electo. Se deben emprender reformas a fondo hasta el último día en gestiones”, recalcó.

Señaló que el país no puede esperar hasta el primero de diciembre y que la transición no puede ser ocasión para que el gobierno ceda en su responsabilidad de hacer todo lo posible para avanzar en contener la violencia.

“El proceso de transición política debe ser un momento en el que el gobierno entrante se empape del diagnóstico y de los aprendizajes hechos por el gobierno saliente, y que el gobierno saliente asuma la responsabilidad que mantiene en la materia. No debe ser un momento de vacío político donde nadie tome responsabilidad directa del rumbo del país”, expuso.

Añadió que controlar los ataques de la delincuencia organizada debe ser el objetivo particular y prioritario de las diferentes instituciones federales y estatales.

“Los llamados a la paz que ha hecho el gobierno son ejemplares, pues llaman a una reconciliación nacional, pero son insuficientes para atacar el problema de la delincuencia organizada”, acotó.

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