Urgen a sancionar a 12 por socavón

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socavón

CÉSAR MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y otros 11 funcionarios de la dependencia, tienen alguna responsabilidad en la tragedia del Paso Exprés de Cuernavaca que amerita, incluso, su destitución, concluye un estudio de la organización Impunidad Cero.
El 12 de julio de 2017, Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero murieron por asfixia al caer en su auto a un socavón que se abrió en el kilómetro 93+750 de la autopista por fallas en la obra. Hasta el momento, no hay culpables.
En la investigación “Impunidad, sanciones administrativas y el socavón del Paso Exprés”, que realizó en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la organización detalla las responsabilidades en las que incurrieron los funcionarios de la SCT, así como de Banobras, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y de las constructoras.
Los funcionarios de más alto rango señalados, además de Ruiz Esparza, son José Antonio Rodarte, coordinador de Centros SCT; Óscar Raúl Callejo, subsecretario de infraestructura, y Clemente Poon Hung, titular de la dirección de carreteras.
“Al secretario no le estamos imputando una responsabilidad gravísima, sino de tipo medio, porque sus responsabilidades son de tipo indirecto”, explicó durante la presentación del estudio Darío Ángeles, quien encabezó la investigación.
“Y la conducta se eleva a media porque tenemos dos muertes. Si en este caso se tratara únicamente de fallas en la obra, que se rompa el pavimento, etcétera, quizá la gravedad hubiera sido menor, pero se tiene que contemplar necesariamente que hay dos muertos.”
Esta valoración, explicó Ángeles, la realizaron con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que era la ley vigente cuando ocurrieron los hechos, por lo que su sanción podría ser monetaria o de destitución del cargo.
La misma gravedad en sus responsabilidades y la misma sanción está planteada para el subsecretario Callejo Silva, y para el coordinador Rodarte Leal, así como para los funcionarios de Banobras y del INAP que hubieran participado en el proceso.
En cambio, el estudio considera que los otros funcionarios, como Poon Hung, tuvieron conductas gravísimas y deberían ser multados, destituidos e inhabilitados por hasta 20 años.
En esta situación se encuentran José Luis Alarcón Ezeta, director del Centro SCT Morelos, quien ya no está a cargo; Héctor Manuel Méndez, subdirector de Obras; Alberto Ortega, responsable de la residencia general de carreteras federales; Erasto Jarillo Avilés, residente general de conservación de carreteras, así como residentes de obra y tres funcionarios más de la dirección general de carreteras.
“Estamos en el momento adecuado para que en este caso se lleven a cabo las sanciones. Estamos en la delgada línea entre caer en la impunidad por no sancionar o sancionar correctamente y evitar la impunidad”, planteó el investigador.

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